Durante décadas, Uruguay supo construir un sistema educativo que fue orgullo nacional y referencia regional. La educación pública, inspirada en el ideario vareliano, permitió que miles de hijos de familias humildes encontraran en la escuela y el liceo una verdadera oportunidad para revertir su destino. No se trataba solo de transmitir conocimientos, sino de formar ciudadanos, inculcar valores y dejar claro que más allá de la inteligencia innata, el esfuerzo, la constancia y la perseverancia eran las verdaderas llaves del progreso. Ese capital simbólico, hoy, aparece seriamente erosionado.

Para nadie es un secreto que una buena educación sigue siendo la herramienta más poderosa de movilidad social. Hay innumerables ejemplos que lo confirman. Sin embargo, también es innegable que en lo que va del siglo XXI Uruguay ha sufrido una alarmante regresión educativa. Los bajos niveles de aprendizaje, la persistente deserción y las dificultades estructurales en áreas básicas como lectura, escritura y matemática evidencian un sistema que no está cumpliendo con su función esencial. Y ese fracaso tiene costos sociales enormes, que se traducen en desigualdad, frustración y pérdida de oportunidades.

Parte del problema radica en que el debate educativo ha quedado atrapado, demasiadas veces, en lógicas ajenas a la pedagogía. Los notorios manejos político-sindicales han terminado por condicionar decisiones clave, priorizando intereses sectoriales antes que el derecho de los estudiantes a aprender. No se trata de negar la legitimidad de la organización sindical ni del debate político, sino de advertir que cuando esas dinámicas se imponen sobre los objetivos educativos, el resultado suele ser negativo. La educación no puede ser rehén de disputas que poco o nada tienen que ver con la calidad de los aprendizajes.

Durante años se ha insistido en que el principal problema es el presupuesto. Sin desconocer la importancia de los recursos, la experiencia demuestra que más dinero no garantiza mejores resultados si no va acompañado de una gestión eficiente y profesional. Persistir en una lógica donde el foco está puesto casi exclusivamente en preservar o aumentar el gasto, sin exigir mejoras concretas, es una forma de eludir el problema de fondo.

La clave, en una mirada quizás modesta pero necesaria, pasa por recuperar el profesionalismo y poner todas las energías en mejorar la gestión educativa. Eso implica evaluar con seriedad, establecer metas claras y medir resultados sin prejuicios ni excusas. Implica también reconocer y respaldar a los docentes y a las directoras y directores que se comprometen genuinamente con la formación de sus alumnos, muchas veces trabajando en contextos complejos y con escaso reconocimiento. Ellos son una parte fundamental de la solución.

Pero junto al reconocimiento debe existir la exigencia. Aquellos que no cumplen con su rol, que no se comprometen con la tarea educativa o que priorizan intereses ajenos al aula, no pueden quedar al margen de toda responsabilidad. Un sistema que no distingue entre el compromiso y la desidia termina desalentando a quienes sí hacen bien su trabajo.

Uruguay necesita dar un paso firme y maduro: terminar con prácticas que subordinan la educación a intereses políticos o sindicales y volver a poner en el centro a los estudiantes y sus aprendizajes. Recuperar una mirada crítica que se anime a poner el foco donde más duele: en los resultados. Solo así será posible volver a creer en una educación capaz de abrir caminos, generar oportunidades y no, como ocurre hoy para demasiados jóvenes, de cerrarlos.