El Viejo Continente, que durante décadas pretendió dar lecciones de democracia, convivencia y desarrollo, enfrenta una creciente crisis social, económica y de autoridad. Saqueos, incendios, enfrentamientos callejeros y protestas que paralizan ciudades exponen las grietas de un modelo que América Latina observó durante demasiado tiempo con admiración. Uruguay debería abandonar la idealización de Europa y aprender también de sus fracasos, antes de comprometer la seguridad y la tranquilidad que todavía conserva.

Europa ya no es lo que fue, o al menos ya no puede sostener con la misma autoridad moral la imagen de sociedad ejemplar que durante décadas proyectó sobre el resto del mundo. El continente que acostumbraba señalar a América Latina sus debilidades institucionales, sus desigualdades y sus problemas de convivencia se encuentra hoy enfrentado a conflictos que ponen en entredicho su propio modelo de desarrollo.

Las escenas que llegan desde España, Francia, Italia, Albania, Bélgica y otros países europeos son elocuentes. Calles convertidas en campos de batalla, comercios saqueados, edificios incendiados, enfrentamientos con la policía y servicios públicos afectados por huelgas y disturbios revelan una realidad incómoda: el progreso económico, la institucionalidad y las estructuras del Estado de bienestar no garantizan, por sí solos, sociedades cohesionadas ni ciudadanos satisfechos.

Europa está pagando el precio de sus propias contradicciones. Sus gobiernos enfrentan el desafío de sostener servicios públicos, responder a las exigencias sociales y mantener el orden, mientras sectores de la población expresan un descontento que las respuestas tradicionales no parecen conseguir contener. La incapacidad para resolver determinados problemas no elimina la responsabilidad de las autoridades, pero tampoco justifica que grupos violentos conviertan las reivindicaciones en una licencia para destruir.

Aquí corresponde establecer una distinción que demasiadas veces se diluye en el discurso político: reclamar derechos es legítimo; saquear comercios, incendiar edificios y agredir a la policía no lo es. La pobreza, la inflación o la frustración no convierten el vandalismo en una causa noble. Cuando el Estado pierde capacidad para garantizar el cumplimiento de la ley, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos comunes, los trabajadores y los pequeños comerciantes. 

América Latina debería tomar nota, especialmente aquellos sectores que presentan cualquier experiencia europea como una receta infalible. Durante años se instaló la idea de que el continente europeo representaba una etapa superior de organización social y que bastaba con reproducir sus políticas para alcanzar resultados semejantes. Esa visión, además de simplista, resulta hoy peligrosamente ingenua. Europa tiene logros indiscutibles, pero también errores, contradicciones y problemas que no debemos importar ni minimizar.

Uruguay, particularmente, no puede darse el lujo de confundir tolerancia con permisividad ni sensibilidad social con debilidad frente al delito. Nuestro país tiene problemas de inseguridad, narcotráfico, violencia y deterioro de la convivencia que exigen respuestas firmes. La tranquilidad que todavía conservamos, pese a esas dificultades, constituye un patrimonio que debe defenderse antes de que su pérdida se vuelva irreversible.

Eso requiere autoridades que no relativicen el delito, instituciones respetadas, una Justicia que actúe y políticas sociales capaces de atender necesidades reales sin convertir las obligaciones del Estado en excusas para abandonar el cumplimiento de la ley. El orden público no es patrimonio de una ideología: es una condición elemental para vivir en libertad. Así se debe entender y actuar en consecuencia, por lo que aquí en nuestro país, hay mucho para hacer.