Hay que reconocerlo: la propuesta de los senadores de la Coalición Republicana para impedir que las pensiones especiales reparatorias se sigan transmitiendo a los familiares de sus titulares es buena. Es oportuna. Y, sobre todo, es una señal de que algunos legisladores comienzan a preguntarse si todos los gastos que el Estado sostiene desde hace años siguen teniendo sentido. Pero también hay que decirlo: es insuficiente.

Porque si el argumento es que Uruguay necesita recursos para atender a la infancia pobre, no parece razonable conformarse con cerrar la puerta a la transmisión futura de un privilegio. La pregunta que corresponde hacerse es mucho más incómoda: ¿por qué ese privilegio debe seguir existiendo mientras viva el beneficiario?

La reparación podrá haber tenido una explicación política en determinado momento histórico. Lo que no puede transformarse es en una renta de carácter permanente, casi hereditaria, sostenida por todos los contribuyentes. Y mucho menos puede pretenderse que la sociedad olvide de dónde surge buena parte de esta discusión.

Los uruguayos tenemos memoria. Hubo quienes, en plena democracia, decidieron que las instituciones podían ser desafiadas mediante la violencia. Hubo secuestros, homicidios, asaltos, atentados y bombas. Hubo bienes públicos y privados destruidos. Hubo armas, clandestinidad y acciones destinadas deliberadamente a quebrar el funcionamiento normal de una sociedad democrática. Esto no es una opinión. Es parte de la historia.

Por supuesto que nadie pretende desconocer las injusticias cometidas durante aquellos años ni negar las responsabilidades que correspondan al Estado. Pero una cosa es reparar situaciones concretas y otra muy diferente es convertir la reparación en un privilegio que se prolonga indefinidamente y puede terminar beneficiando incluso a quienes no tuvieron ninguna participación en aquellos acontecimientos.

Ahí está la contradicción que nadie parece querer discutir. Mientras el gobierno habla de combatir la pobreza infantil y de conseguir recursos para atender a los sectores más vulnerables, se continúa sosteniendo regímenes especiales cuya justificación debería ser revisada con mucha mayor severidad. ¿Dónde está la prioridad? ¿En seguir pagando beneficios especiales vinculados a conflictos políticos de hace medio siglo o en garantizar que un niño tenga alimentación, educación, vivienda digna y oportunidades?

La respuesta debería ser obvia. Por eso, bienvenida sea la iniciativa parlamentaria. Pero que nadie pretenda venderla como una gran reforma. Es apenas un primer paso. Lo que corresponde es establecer que estas prestaciones sean estrictamente personales y que terminen definitivamente con el fallecimiento de su titular, sin transmisión, sin sobrevivencias y sin nuevas derivaciones familiares. Y si de verdad se quieren conseguir recursos para la infancia, habrá que tener el coraje de revisar todos los privilegios, sin importar quiénes sean sus beneficiarios ni qué partido político haya construido el relato para justificarlos. Porque el dinero que administra el Estado no pertenece a ninguna corriente ideológica. Pertenece a los uruguayos. Y cuando hay niños que necesitan esos recursos, mantener privilegios del pasado deja de ser solamente una cuestión contable. Se convierte en una cuestión de justicia.