El caso Cardama ha dejado de ser únicamente un escándalo vinculado a la fallida compra de patrullas oceánicas para la Armada. Hoy el centro del debate ya no pasa solamente por las irregularidades denunciadas en torno al contrato con el astillero español, sino por algo quizás todavía más grave: la utilización del poder político para impulsar investigaciones al margen de las garantías legales y administrativas que exige un Estado de Derecho.

La decisión de la oposición de promover una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos de sus principales asesores, Daniel Marsiglia y Damián Rojas, marca un punto de inflexión institucional. Lo preocupante no es únicamente la eventual configuración de delitos como “pesquisa” o “usurpación de funciones”, previstos en el Código Penal uruguayo. Lo verdaderamente alarmante es la naturalidad con la que desde el oficialismo parece haberse asumido que las formas legales pueden relativizarse cuando existe voluntad política de avanzar sobre determinados objetivos.

Porque aquí hay un aspecto esencial que no puede minimizarse: dos personas que no tenían vínculo formal con el Ministerio de Defensa participaron de interrogatorios a altos mandos de la Armada, revisaron documentación reservada y mantuvieron reuniones sensibles vinculadas al caso Cardama. Y todo ello, según reconoce la propia ministra, bajo una autorización “verbal”.

Ese detalle destruye el principal argumento defensivo del gobierno. En la administración pública no alcanza con la confianza política, ni con órdenes informales, ni con la buena intención declarada. El ejercicio de funciones públicas requiere investidura legal, resolución administrativa y competencias claramente establecidas. De lo contrario, el Estado deja de actuar bajo reglas y pasa a depender de decisiones discrecionales.

El problema no es burocrático, como intenta instalar el oficialismo. No se trata de una firma que demoró o de un trámite lento. El problema es mucho más profundo: personas sin designación oficial actuaron de hecho como investigadores estatales, accediendo a información clasificada e interrogando a oficiales superiores de la Armada. Eso vulnera principios básicos de legalidad y abre un precedente extremadamente peligroso.

Más inquietante aún resulta el contexto político en el que ocurrieron estos hechos. El ex comandante Jorge Wilson afirmó ante la comisión investigadora que primero se tomó la decisión de rescindir el contrato y después se buscaron las pruebas para justificarla. Si esa percepción se confirma, estaríamos frente a una lógica incompatible con cualquier investigación seria: construir culpables antes de demostrar responsabilidades.

En democracia, el fin nunca justifica los medios. Aunque existieran sospechas legítimas sobre irregularidades en la compra de las OPV, eso no habilita al gobierno a actuar por fuera de las normas. Precisamente cuando están en juego millones de dólares, acusaciones de fraude y sanciones a mandos militares, es cuando más imprescindible resulta el apego estricto al Derecho.

El discurso de “defender al Estado” tampoco puede transformarse en una licencia para avasallar garantías. Todos los gobiernos, sin excepción, deberían entender que el respeto a la legalidad no es opcional ni depende de la nobleza de los objetivos perseguidos. Cuando desde el poder se naturaliza que funcionarios sin investidura formal puedan investigar, interrogar y manejar documentación sensible, el deterioro institucional comienza a ser evidente.

La actitud desafiante de la ministra Lazo tampoco ayuda a despejar dudas. En lugar de promover transparencia absoluta y facilitar toda la información solicitada por el Parlamento, el gobierno aparece atrincherado en explicaciones débiles y argumentos políticos. Eso alimenta inevitablemente la sospecha de que detrás de la investigación existió una fuerte carga ideológica y una intención de construir un relato político sobre la administración anterior.

El Frente Amplio haría mal en subestimar este episodio. Porque más allá de las responsabilidades penales que eventualmente determine la Fiscalía, el daño político e institucional ya está instalado. La ciudadanía empieza a percibir que en nombre de combatir presuntas irregularidades se habrían cometido otras, igualmente o más graves que las que presuntamente apunta el gobierno.-