Hay cosas que una sociedad no puede seguir disimulando. Y una de ellas es que Uruguay tiene un problema con las drogas que ya no admite discursos complacientes, consignas ideológicas ni explicaciones políticamente correctas. En Salto lo estamos viendo en la calle, en los barrios y, dolorosamente, dentro de muchas familias. Robos violentos, ajustes de cuentas, personas baleadas, jóvenes atrapados por el consumo, familias desesperadas y delincuentes que necesitan dinero para sostener una adicción. No todo delito tiene su origen en las drogas, naturalmente. Pero sería una enorme irresponsabilidad desconocer la relación existente entre consumo problemático, narcotráfico, marginalidad y determinadas formas de violencia.

Y mientras eso ocurre, todavía hay quienes parecen sentirse incómodos cuando se cuestiona el modelo que Uruguay eligió para regular el cannabis. No se trata de volver atrás ni de negar una realidad. Se trata de preguntarnos si hicimos todo bien.

Porque cuando se presentó la regulación del cannabis se habló mucho de libertad, de modernidad y de quitarle el negocio al narcotráfico. Pero se habló demasiado poco de los riesgos del consumo. Se instaló durante años una imagen peligrosamente amable: “es una plantita”, “es natural”, “no pasa nada”. No es así. Que una sustancia sea regulada por el Estado no significa que sea inocua. Que pueda adquirirse legalmente no significa que no pueda producir dependencia, afectar el rendimiento, generar problemas cognitivos o agravar determinados trastornos de salud mental. Y mucho menos significa que resulte aconsejable para un adolescente.

El cerebro humano continúa desarrollándose durante la adolescencia y la juventud. Por eso resulta particularmente preocupante normalizar el consumo entre menores. ¿Qué futuro estamos construyendo para un muchacho al que se le dice que consumir es prácticamente una elección sin consecuencias? Así aparece una responsabilidad política que no puede eludirse. El Estado puede regular, controlar y vender. Pero también tiene la obligación de informar. Si se habilita un mercado, hay que explicar claramente los riesgos. Sin eufemismos. Sin propaganda. Sin esconder la información que incomoda. Porque la libertad verdadera comienza con el conocimiento.

Y también hay una responsabilidad enorme de padres y madres. No podemos exigirle todo a la Policía. Que arregle lo que empezó mucho antes de que apareciera un arma, un robo o un ajuste de cuentas. La prevención comienza también en casa. Hay que hablar con los hijos. Hay que saber qué hacen, con quién se relacionan y qué consumen. Hay que poner límites. Hay que recuperar una palabra que parece haber perdido valor: NO. Porque detrás de cada adicto hay una tragedia que muchas veces empieza mucho antes de que aparezca en una estadística policial. Lo saben las familias salteñas que tienen un consumidor en casa. Lo saben quienes han visto a un hijo, un hermano o un nieto cambiar, abandonar estudios, perder trabajos, mentir, robar o quedar sometido a quienes le venden la droga. Y allí aparece el otro gran negocio: el narcotráfico.

El consumidor puede creer que está ejerciendo su libertad. El narco sabe perfectamente que está construyendo dependencia. Por eso Salto no puede mirar para otro lado. Nuestra ciudad está pagando un precio demasiado alto por la expansión de la cultura de la droga y por una violencia que dejó de ser excepcional para convertirse en una preocupación cotidiana.

Ya no alcanza con preguntarnos quién tiene la culpa. Hay que preguntarnos qué vamos a hacer ahora. Porque si seguimos confundiendo libertad con ausencia de límites, tolerancia con indiferencia y regulación con inocuidad, el resultado puede ser devastador. Hay una ironía que debería avergonzarnos: mientras el Estado pretende regular el mercado de las drogas, hay familias que sienten que han perdido el control sobre sus propios hijos. Eso no es progreso. Eso es una señal de alarma. Y Salto, por lo que está viviendo, debería ser de los primeros en escucharla.