Cada discusión de la Rendición de Cuentas repite el mismo libreto. El sistema político, los sindicatos y los organismos públicos despliegan una intensa puja para obtener una porción mayor de los recursos del Estado. Es la temporada de las presiones, los paros y las negociaciones. En el fondo, se trata de decidir quién recibe más dinero de un presupuesto que financian todos los uruguayos.

Lo llamativo es que casi nunca se discute cómo generar más riqueza. Poco se habla de atraer inversiones, estimular la actividad privada, facilitar el trabajo o mejorar la competitividad del país. La conversación gira exclusivamente alrededor de cómo repartir más recursos públicos y, después, encontrar quién pagará la cuenta.

Tampoco existe un verdadero debate sobre cómo liberar las capacidades productivas de la sociedad. La lógica predominante sigue siendo ampliar el gasto y aumentar el tamaño del Estado, sin detenerse a evaluar si ese camino ha dado resultados.

Los sindicatos de funcionarios públicos ocupan un papel central en esta discusión. Reclaman más presupuesto para educación, salud y administración, presentando esas demandas como si fueran sinónimo de compromiso con el interés nacional. Sin embargo, la realidad demuestra que más dinero no siempre significa mejores servicios.

Uruguay ha incrementado durante años el gasto público en distintas áreas, pero los problemas persisten. La educación continúa mostrando bajos resultados, la atención de la salud enfrenta deficiencias y la burocracia estatal sigue creciendo sin traducirse en una mayor eficiencia. Cuando se argumenta que faltan funcionarios, la respuesta suele ser crear nuevos cargos, aunque ello no garantiza una mejor atención al ciudadano. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario: estructuras más pesadas y un Estado cada vez más costoso.

La Rendición de Cuentas también se convierte en el escenario de múltiples medidas sindicales. Cada sector reclama una parte mayor del presupuesto y considera legítima su demanda. Pero hay un protagonista que rara vez tiene voz en esta discusión.

Son los trabajadores del sector privado, los pequeños empresarios, comerciantes, productores rurales y emprendedores. Son quienes generan la riqueza que luego el Estado distribuye. Cumplen con sus obligaciones, pagan impuestos, tarifas y aportes, aun cuando muchas veces consideran que los servicios que reciben no están a la altura del esfuerzo que realizan.

Ellos no paralizan el país ni cuentan con poder de presión corporativa. Simplemente trabajan. Sin embargo, cada Rendición de Cuentas suele terminar significando nuevas cargas para financiar un gasto que pocas veces es sometido a una evaluación rigurosa.

La verdadera discusión debería comenzar por otro lado. Antes de aumentar el presupuesto, el Estado tendría que demostrar que administra con eficiencia los recursos que ya recauda. Antes de crear nuevos cargos, revisar los existentes. Antes de exigir un mayor esfuerzo a quienes producen, reducir el despilfarro y mejorar la gestión.

La Rendición de Cuentas debería servir para impulsar un país más competitivo, con más inversión, empleo y producción. Mientras siga siendo una disputa entre corporaciones por obtener mayores beneficios, la historia se repetirá: unos celebrarán nuevas partidas y otros, los que sostienen el país con su trabajo diario, volverán a recibir el dudoso privilegio de pagar la cuenta.