En medio de un escenario político que hasta ahora ha estado marcado más por anuncios que por definiciones concretas, una propuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, logró romper la inercia política-gubernamental. La posibilidad de permitir que pequeños ahorristas puedan comprar acciones de empresas públicas generó un interés inmediato tanto en la ciudadanía como en el sistema político. Lo llamativo, incluso, es que una parte importante de la oposición se mostró dispuesta a respaldar la iniciativa.

No se trata de una idea completamente nueva. De hecho, retoma planteos formulados por José “Pepe” Mujica en 2006 y que en su momento se aplicaron parcialmente para financiar proyectos de energía eólica de UTE. Sin embargo, el hecho de que hoy resurja en la agenda política tiene un valor particular: vuelve a poner sobre la mesa un debate que Uruguay ha evitado durante décadas por razones más ideológicas que prácticas.

El concepto, es sencillo. Permitir que ciudadanos comunes puedan invertir sus ahorros en empresas públicas, adquiriendo paquetes de acciones que les otorguen una participación limitada pero real en proyectos de inversión estratégica. Esto no implica vender el control de las empresas ni renunciar al rol del Estado. Se trataría, más bien, de abrir un canal para que el ahorro nacional contribuya al desarrollo de infraestructuras y servicios que el país necesita.

Desde ese punto de vista, la propuesta tiene virtudes evidentes. En primer lugar, permitiría movilizar recursos internos hacia inversiones de largo plazo, algo particularmente importante en un país donde muchas empresas públicas enfrentan desafíos tecnológicos y financieros significativos. En segundo lugar, ofrecería a la clase media uruguaya una alternativa de inversión relativamente segura, respaldada por el propio Estado.

En un contexto donde numerosos ahorristas han sido golpeados por experiencias fallidas —como los recordados fondos ganaderos— la posibilidad de invertir en empresas estatales podría representar una opción mucho más confiable y beneficiosa.

Para que un sistema de este tipo funcione correctamente no basta con ofrecer acciones al público. También sería necesario introducir cambios en la forma en que se gestionan algunas empresas públicas. Estás, deberán demostrar eficiencia, transparencia y capacidad de generar resultados.

Eso supone, avanzar hacia esquemas de gestión más modernos, comparables a los que operan en el ámbito privado. Implica también discutir aspectos que durante años han sido considerados tabú, como la desmonopolización de ciertos sectores o la revisión de estructuras burocráticas que en muchos casos afectan la productividad. La experiencia uruguaya demuestra que estos procesos no necesariamente perjudican a las empresas estatales. La apertura del mercado de telecomunicaciones no significó el debilitamiento de Antel, ni la competencia en el sector de seguros eliminó al Banco de Seguros del Estado. Por el contrario, en muchos casos estas transformaciones estimularon mejoras en eficiencia y calidad de servicio.

Sin embargo, como suele ocurrir en nuestro país, cualquier intento de reforma genera resistencias inmediatas. Algunos sectores del propio Frente Amplio reaccionaron con dureza ante la propuesta, calificándola de intento de “privatización” de las empresas públicas. Una acusación que, al menos en los términos en que fue planteada la iniciativa, parece más fruto de reflejos ideológicos que de un análisis serio del contenido de la propuesta.

Tal vez por esas reacciones, Sánchez optó por guardar silencio hasta comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado, a donde fue convocado por el senador Javier García. Paradójicamente, es en la oposición donde la idea parece encontrar hoy mayor receptividad.

El dato no deja de ser irónico si se recuerda que, desde el retorno a la democracia, diversas propuestas de apertura o modernización de empresas públicas fueron sistemáticamente resistidas por el Frente Amplio. El referéndum de 1992 contra la desmonopolización de servicios públicos es quizá el ejemplo más recordado.

Hoy el debate vuelve a plantearse. Y lo razonable sería discutirlo sin consignas ni fantasmas ideológicos. Porque esta, seria la forma inteligente de fortalecer a las empresas públicas, mejorar su gestión y al mismo tiempo permitir que los propios uruguayos disfruten de su necesaria y esperada rentabilidad. Mayor justicia no se podría alcanzar.