Hay una distancia que se agranda entre lo que la ciudadanía espera de sus gobernantes y lo que demasiadas veces observa en el ejercicio de la función pública. Mientras miles de uruguayos hacen cuentas para llegar a fin de mes, enfrentan dificultades para acceder a una atención médica o ven postergadas sus expectativas laborales, una parte de la dirigencia política parece desenvolverse en una realidad bastante más confortable, donde los viajes, las delegaciones, las recepciones y los gastos de representación forman parte de una normalidad que merece ser revisada.

Los números conocidos sobre los viajes oficiales del Parlamento uruguayo son elocuentes. Entre marzo de 2025 y julio de 2026 se contabilizaron 241 viajes individuales al exterior, con un costo total de US$ 621.668,25, según información divulgada por ambas cámaras. La cifra comprende legisladores, la vicepresidenta de la República y funcionarios que participaron de esas misiones. Lo que debería obligar a formular una pregunta elemental: ¿cuáles fueron sus resultados concretos y qué beneficios recibió el país a cambio de ese desembolso?

La representación internacional puede ser necesaria. También las reuniones diplomáticas y las gestiones destinadas a abrir mercados o conseguir inversiones. Pero una misión oficial no se justifica por el solo hecho de figurar en una agenda institucional. Debe acreditar su utilidad, sus objetivos y sus resultados. Y cuando existen alternativas menos costosas, corresponde considerarlas.

El problema tampoco termina en los viajes. Las recepciones, los actos protocolares, las delegaciones numerosas y los gastos de representación deben someterse a idéntico criterio de razonabilidad. La transparencia no consiste solamente en publicar facturas después de gastar. Consiste, antes que nada, en justificar por qué se gasta.

Pero existe otra cuestión que merece discusión. La política debe proteger los derechos de las minorías, combatir la discriminación y garantizar que nadie quede excluido por su condición, sus convicciones o su orientación. Eso forma parte de una democracia moderna. Sin embargo, el respeto a esos derechos no obliga a convertir cada demanda sectorial en una prioridad presupuestal permanente, ni autoriza a relegar las necesidades generales de la población.

La obligación del Estado es actuar con criterios objetivos, evaluar las necesidades, medir los resultados y distribuir los recursos con equidad. Las políticas dirigidas a grupos específicos deben responder a problemas comprobables, no a la conveniencia de satisfacer agendas particulares o cosechar adhesiones políticas.

La mayoría silenciosa también tiene derechos y necesidades que no siempre ocupan titulares: trabajadores que pierden poder adquisitivo, jubilados que administran ingresos ajustados, familias que esperan respuestas en salud y educación, jóvenes que buscan empleo y contribuyentes que cumplen sus obligaciones sin recibir explicaciones satisfactorias sobre el destino de sus impuestos.

Ninguno de ellos debería sentirse menos importante que cualquier sector organizado que consiga instalar sus reivindicaciones en la agenda pública.

La política recuperará credibilidad cuando comprenda que gobernar no consiste en multiplicar gestos, delegaciones o anuncios, sino en resolver problemas concretos. La prioridad debe ser el interés general, con especial atención a quienes más necesitan del Estado, pero sin confundir solidaridad con asistencialismo indefinido ni igualdad de derechos con privilegios.

Porque los recursos públicos no pertenecen a los gobernantes. Pertenecen a la sociedad que los financia.

Cuando la política pierde de vista esa diferencia, el desencanto ciudadano deja de ser una impresión y se convierte en una advertencia. Y ninguna democracia debe ignorarla, porque así se alimenta la llegada de presuntos iluminados y de ahí a mano dura y dictaduras, hay un solo paso.