El debate sobre la posible implementación del IVA Personalizado, ha generado un intenso intercambio de opiniones. La propuesta, impulsada por el gobierno electo del Frente Amplio, plantea la generalización de un mecanismo ya existente, aunque limitado, en el país: una devolución de IVA para beneficiarios de asignaciones familiares. La posibilidad de expandir esta herramienta a toda la población ha desatado tanto entusiasmo como escepticismo, especialmente por las implicancias fiscales y sociales que conlleva. Para entender la magnitud de esta discusión, es importante repasar el contexto y las características del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En Uruguay, se aplica desde 1968 y representa actualmente el 7,9% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo uno de los principales pilares de la recaudación fiscal. 

El IVA, al gravar el consumo, asegura una amplia base impositiva, pero su principal defecto es su regresividad: afecta en mayor medida a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo, es decir, a los sectores de menores recursos.

El IVA P, ideado en parte por el economista uruguayo Alberto Barreix, consultor fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca corregir esta desigualdad. A diferencia del modelo universal del IVA, que aplica tasas diferenciadas según el tipo de bien o servicio consumido, el IVA P mantiene una tasa uniforme y devuelve parte del impuesto a determinados grupos de la población. Esta devolución podría focalizarse en función de diversos criterios, como el nivel de ingresos, la composición familiar, la presencia de personas con discapacidad o la ubicación geográfica.

La implementación del IVA P en Uruguay podría beneficiarse de la factura electrónica, ya ampliamente adoptada en el país, permitiendo un seguimiento preciso del consumo y una identificación efectiva de los beneficiarios. Además, se podría establecer un IVA dual, con tasas diferenciadas para ciertas regiones, como el litoral uruguayo o al presente en su defecto, a la zona fronteriza con Brasil, donde se enfrenta una competencia de precios como paso, pasa, con Argentina. 

De esta manera, el IVA P no solo corregiría desigualdades, sino que también podría ser una herramienta para políticas regionales específicas. Experiencias internacionales respaldan la viabilidad de esta propuesta. Países como Canadá, Japón, Colombia, República Dominicana y Ecuador han adoptado mecanismos similares, aplicados tanto por gobiernos de derecha como de izquierda. 

Sin embargo, la implementación del IVA P también plantea desafíos. La necesidad de identificar con precisión a los beneficiarios requiere una actualización constante de datos mediante encuestas de hogares y otras herramientas estadísticas. También se debe considerar el equilibrio entre la recaudación fiscal y la equidad social, evitando una reducción excesiva de la presión fiscal que comprometa el financiamiento de servicios públicos esenciales.

En el contexto uruguayo, donde la presión fiscal alcanza el 25,1% del PIB y el déficit fiscal ronda el 4,5%, el IVA P podría ofrecer una solución intermedia entre eficiencia recaudatoria y justicia social. Utilizar la mayor recaudación generada por la generalización del IVA para reducir el déficit fiscal sería una decisión responsable, especialmente considerando el bajo crecimiento económico y la alta deuda pública del país.

En conclusión, la implementación del IVA Personalizado en Uruguay representa una oportunidad para modernizar el sistema impositivo y hacerlo más equitativo. Si bien su éxito dependerá de una ejecución cuidadosa y de un equilibrio entre recaudación y devolución, la experiencia internacional y los avances tecnológicos brindan herramientas suficientes para que esta reforma sea viable. El desafío ahora es político: construir consensos y asegurar que esta medida beneficie a quienes más lo necesitan, sin desfinanciar al Estado ni generar distorsiones económicas. Uruguay tiene la oportunidad de liderar en la región con un modelo impositivo innovador y justo; el momento de debatir y decidir ha llegado.