Hay errores que se explican por el contexto, la falta de información o la urgencia. Y hay otros que, por reiterados, dejan de ser errores para transformarse en una forma de ejercer el poder. Lo que hoy ocurre con OSE y la cuenca del Santa Lucía no es un hecho aislado ni una fatalidad climática: es la consecuencia directa de advertencias desoídas, decisiones postergadas y una soberbia técnica y política que ya conocemos. Hace trece años ocurrió algo similar con Ancap. Se avisó, se alertó, se señalaron los riesgos. No escucharon entonces. No escuchan ahora. Y el resultado vuelve a recaer sobre la gente.

Vivimos, lamentablemente, la pandemia de la hipocresía. Lo que ayer se denunciaba con vehemencia, hoy se justifica con silencio. El atraso cambiario, el manejo del agua, el déficit fiscal, las patrulleras oceánicas, la edad mínima de jubilación, la promesa solemne de no subir impuestos: todo aquello que era inaceptable cuando se estaba en la oposición, hoy parece tolerable, incluso necesario. Lo que estaba mal, ahora está bien. Lo que se prometió, hoy se incumple. Este doble discurso no es inocuo: erosiona la credibilidad, debilita a la política y alimenta el descreimiento en el sistema democrático.

Porque la democracia no es solo votar cada cinco años. Es respetar normas, escuchar a la ciudadanía, asumir errores y corregir rumbos. Cuando los gobernantes se niegan a reconocer que se equivocaron y actúan con tozudez ciega, caprichosamente, negándose a ver y atender los problemas reales de la población, la pregunta se vuelve inevitable: ¿hacia dónde vamos como país?

Quienes vivimos las crisis de los años sesenta, la violencia política, la deriva autoritaria y el golpe de Estado de 1973 sabemos que las democracias no se quiebran de un día para otro. Se desgastan. Se vacían. Se debilitan cuando el poder se encierra en sí mismo y deja de rendir cuentas. Por eso preocupa, y mucho, la naturalización de privilegios evidentes, mientras se le pide sacrificio permanente a los mismos de siempre.

Resulta especialmente grave que, en nombre de una supuesta “justicia” selectiva, se ignore el resultado de plebiscitos ciudadanos, o que se intente revertir la voluntad popular mediante leyes interpretativas forzadas, diseñadas por leguleyos peligrosos que juegan con los límites institucionales. A esto se suma una reforma judicial que otorgó a los fiscales un poder desmedido, en los hechos incluso por encima de los jueces, alterando equilibrios básicos del Estado de Derecho.

Y ahora se instala, casi sin debate profundo, la idea de un Ministerio de Justicia. Una iniciativa impulsada y “manijeada” desde las sombras por un verdadero “monje gris”, que parece acumular más poder e influencia que quienes fueron electos por la ciudadanía. Cuando las decisiones estratégicas se cocinan entre bambalinas, lejos del control democrático, el riesgo es evidente.

No se trata de izquierda o derecha. Se trata de democracia o autoritarismo. No queremos una dictadura disfrazada, venga del signo ideológico que venga. Queremos una democracia real, con reglas claras, sin privilegiados, con gobernantes que escuchen, rectifiquen y gobiernen para la gente, no para sí mismos. Porque cuando el poder se vuelve sordo, el costo siempre lo paga el país. Y ese precio, Uruguay ya sabe que es demasiado alto.