En un país donde la discusión sobre la seguridad social sigue siendo uno de los ejes más sensibles del debate público, sorprende —y preocupa— la intención de crear un nuevo organismo estatal para gestionar las afiliaciones al sistema de las AFAP. La pregunta es tan simple como incómoda: ¿para qué? Uruguay ya cuenta con una arquitectura institucional robusta en materia previsional. El Banco de Previsión Social (BPS), las propias AFAP y los organismos de contralor cumplen funciones definidas, con mayor o menor eficiencia, pero con experiencia acumulada durante más de tres décadas. 

En ese contexto, la propuesta de sumar una nueva estructura estatal parece, en principio, redundante. Y cuando el Estado duplica funciones, rara vez mejora resultados: suele aumentar costos, complejizar procesos y diluir responsabilidades.

Pero además, el debate no puede darse en abstracto, desconociendo la magnitud del sistema que se pretende intervenir. Según datos del Banco Central del Uruguay, al cierre del último año los fondos administrados por las AFAP ascendían a más de un billón de pesos ($1.049.405 millones), con un crecimiento sostenido. No se trata de cifras marginales: es uno de los principales pilares de ahorro interno del país.

Una parte sustantiva de esos recursos es gestionada por República AFAP, integrada mayoritariamente por organismos estatales como el Banco República, el Banco de Seguros y el propio BPS. Es decir, el Estado no es un actor ajeno ni pasivo dentro del sistema: ya participa directamente en su funcionamiento y en los resultados de su gestión. Esto vuelve aún más difícil justificar la necesidad de crear un nuevo organismo “por encima” de una estructura en la que el propio sector público ya tiene un rol central.

A su vez, el destino de los fondos muestra otra dimensión clave. La mayor parte de las inversiones de las AFAP se canaliza hacia instrumentos emitidos por el propio Estado —títulos de deuda e instrumentos de regulación monetaria—, lo que constituye una fuente relevante de financiamiento. Pero además, cerca de un 15% se orienta hacia valores emitidos por empresas privadas, contribuyendo al desarrollo productivo, la generación de empleo y la dinamización de la economía.

Este esquema no solo ha permitido preservar el ahorro de los trabajadores, sino también incrementarlo de forma significativa. Se estima que entre un 40% y un 50% del total acumulado proviene de la rentabilidad generada por las inversiones. Dicho de otro modo: sin la gestión activa de las AFAP, el fondo sería hoy sustancialmente menor, con menos capacidad de sostener futuras jubilaciones.

Por supuesto, esto no implica desconocer que el sistema tiene desafíos ni que existen situaciones desiguales en los resultados individuales. Como en toda lógica de ahorro e inversión, quienes más aportan tienden a acumular más. Pero esa realidad no invalida el aporte estructural del régimen al conjunto de la economía.

En este contexto, cuesta entender cómo una nueva institución estatal podría mejorar la eficiencia del sistema. Más bien, lo esperable es lo contrario: mayores costos administrativos, más burocracia y, en definitiva, una carga adicional que terminaría siendo financiada por los propios trabajadores.

Si el objetivo es corregir desvíos o mejorar la transparencia, el camino lógico debería ser fortalecer los controles existentes y optimizar la regulación, no crear nuevas estructuras. Porque cuando se trata de administrar el ahorro previsional de toda una sociedad, la prudencia no es una opción: es una obligación.