La discusión sobre la negociación colectiva en Uruguay vuelve a instalarse con fuerza en un contexto económico que exige dinamismo, inversión y creación sostenida de empleo. No se trata de cuestionar el diálogo social ni la tradición institucional del país, sino de preguntarse si el actual diseño normativo responde adecuadamente a los desafíos de una economía abierta y altamente competitiva.