Las últimas iniciativas impulsadas por el gobierno de Yamandú Orsi vuelven a poner sobre la mesa una preocupación que trasciende las diferencias partidarias: la tentación de modificar decisiones y criterios fundamentales. Una cosa es gobernar y promover cambios legítimos, y otra muy distinta es ignorar los antecedentes institucionales y la voluntad ciudadana cuando estos no coinciden con las de quienes detentan el poder.

Dos iniciativas ilustran esta discusión. La primera es el proyecto que busca reconocer como nacionales uruguayos a los ciudadanos legales nacidos en el extranjero. Se trata de una cuestión que merece un análisis jurídico y constitucional riguroso, sin simplificaciones ni prejuicios. Si existen dificultades prácticas o diferencias de reconocimiento, corresponde resolverlas, pero con transparencia y pleno respeto por la Constitución. No todo se puede solucionar en forma exprés.

El segundo caso tiene una dimensión política todavía más evidente. El gobierno propone habilitar el retiro jubilatorio a los 60 años para quienes acrediten 30 años de aportes, manteniendo los 65 años como edad general de retiro. La propuesta no elimina la reforma previsional de 2023, pero introduce una alternativa que modifica sus condiciones de acceso.

Aquí aparece un antecedente insoslayable. En octubre de 2024, la ciudadanía rechazó en las urnas la reforma constitucional que, entre otras disposiciones, pretendía restablecer la jubilación a los 60 años. Ese resultado no impide jurídicamente que el Parlamento estudie otras fórmulas, pero obliga al gobierno a explicar por qué considera conveniente avanzar ahora en una dirección que no obtuvo respaldo popular en aquella instancia.

La discusión tampoco puede separarse de la sostenibilidad financiera del sistema. Uruguay enfrenta un importante costo fiscal para financiar las pasividades y sus prestaciones sociales. Cualquier flexibilización de las condiciones de retiro debe acompañarse de estimaciones serias sobre sus consecuencias económicas, sus fuentes de financiamiento y su impacto sobre las generaciones futuras. La sensibilidad social no exime de responsabilidad fiscal.

También resulta difícil justificar nuevas concesiones si no existe una política coherente de prioridades, austeridad y eficiencia en el gasto público. Mientras persisten problemas sociales que requieren respuestas concretas, los recursos del Estado deben administrarse con rigor y no quedar subordinados a cálculos de conveniencia política.

Así se deteriora la previsibilidad, se debilita la confianza y se transmite la idea de que las reglas públicas cambian al ritmo de cada mayoría circunstancial. Porque la legitimidad de una mayoría no equivale a un cheque en blanco. Gobernar exige escuchar a la ciudadanía, interpretar sus decisiones y explicar con claridad por qué se considera necesario apartarse de ellas. Darle tal protagonismo al denominado “dialogo social” como todos vimos como se manejo, no son justamente de recibo. No posee la legitimidad de las urnas. Algo que cuando gobierna la izquierda, parece no tener valor,  porque siempre alientan alguna ley interpretativa o le dan otro valor a opiniones que les permiten alcanzar objetivos que la ciudadanía no avala, cuando se les da la democrática oportunidad de expresarse como son los plebiscitos…

La democracia no consiste solamente en ganar elecciones ni en reunir votos para aprobar leyes. También exige respeto por la Constitución, responsabilidad institucional y consideración por la voluntad expresada en las urnas.

El país no comienza de nuevo cada cinco años. Y quienes gobiernan deben entender que la voluntad popular no puede invocarse como fundamento del poder cuando favorece al oficialismo y relativizarse cuando plantea límites a sus proyectos.