El Estado recauda millones. Cobra impuestos sobre prácticamente todo. Un IVA del 22%, combustibles cargados de tributos, tarifas públicas que pesan cada vez más sobre los hogares y una interminable estructura de impuestos y tasas que el ciudadano paga, quiera o no quiera. Y cuando la cuenta no alcanza, la respuesta parece ser siempre la misma: hay que recaudar más. Pero casi nunca se escucha la otra pregunta: ¿en qué se está gastando lo que ya se recauda?

Porque allí aparece una realidad bastante menos simpática que los discursos oficiales sobre solidaridad y preocupación por los más vulnerables. Al 14 de agosto de este año, el Parlamento había desembolsado unos $212 millones —aproximadamente US$5 millones— en subsidios equivalentes al 85% de los salarios de políticos no reelectos y ex jerarcas, que pueden percibirlos durante períodos de uno a tres años.

Para el ciudadano común, perder el empleo significa buscar otro. Para determinados integrantes de la clase política, perder una elección puede significar seguir cobrando. No es, un modelo de sacrificio compartido.

Y mientras el Estado sostiene esos beneficios, UTE consiguió en el último año US$193 millones por la venta y exportación de energía eléctrica, aportando a US$70 millones a Rentas Generales. Magnífico resultado empresarial. Pero surge una pregunta incómoda: si una empresa pública obtiene semejantes ganancias, ¿por qué el ciudadano no puede beneficiarse de ellas mediante tarifas más bajas? Porque cuando hay ganancias, el Estado las toma. Cuando hay pérdidas, también paga el ciudadano. Y cuando hay que ajustar, nuevamente paga el ciudadano.

El caso del INAU es todavía más difícil de digerir. Un organismo cuya razón de existir es atender a niños y adolescentes terminó el ejercicio con $140 millones sin ejecutar. En un país donde sobran problemas de infancia vulnerable, parece increíble que pueda sobrar dinero destinado justamente a atender esas necesidades.

Pero sobró. Y esos recursos fueron distribuidos entre funcionarios. Después, seguramente, llegará el momento de explicar que hacen falta más recursos para atender a la niñez.

La paradoja sería cómica si no fuera trágica. Y están los gastos que nadie considera demasiado importantes porque, individualmente, parecen pequeños. Pero el dinero público tiene la mala costumbre de multiplicarse cuando se gasta sin cuidado. En lo que va del año se destinaron unos $9,5 millones a catering para recepciones, reuniones y actividades oficiales. Sandwichitos. Bocadillos. Recepciones.

Mientras una familia piensa dos veces antes de comprar determinados alimentos, el Estado paga agasajos con dinero ajeno. Y no termina allí. Viajes, viáticos, delegaciones y participaciones en encuentros internacionales completan una maquinaria de gasto que parece tener una regla sencilla: siempre existe una razón para gastar, pero casi nunca aparece una razón para ahorrar.

Este es el verdadero problema. No se puede hablar de sensibilidad social mientras se administra el dinero público como si fuera infinito. No se puede reclamar más impuestos a trabajadores y empresas mientras se mantienen privilegios, estructuras sobredimensionadas y gastos perfectamente prescindibles.

La solidaridad no consiste en quitarle más al ciudadano para sostener un Estado que no sabe priorizar.

Solidaridad sería gastar primero en los niños que necesitan asistencia, en la seguridad que reclaman las familias, en la salud, en la educación y en quienes realmente están abandonados. Y después, si queda algo, pensar en los sandwichitos. Porque el dinero público no cae del cielo. Sale del bolsillo de quienes trabajan 8 o más horas. Que  se desdobla en mas de una actividad. Que paga impuestos, paga tarifas, llena el tanque y hace cuentas para llegar a fin de mes. Porque cada peso malgastado no es solamente una cifra contable. Es un peso que se le quitó a alguien que, probablemente, lo necesitaba mucho más que un político o un sindicalista por representarlos”… Mal , estamos muy mal.