La reducción de la jornada laboral acaba de dejar al descubierto una de las discusiones internas más profundas del gobierno de Yamandú Orsi. Y esta vez el mensaje no llegó desde la oposición ni desde las cámaras empresariales, sino de boca del ministro de Economía, Gabriel Oddone. Su definición fue clara y significativa: la reducción de la jornada laboral es una tendencia hacia la que “el mundo va”, pero dejó establecido que no es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Admitió que existen integrantes del gobierno que la proponen y defienden, pero advirtió que eso “no significa que sea una política del gobierno”. En lenguaje político, Oddone mando parar. Dejó claro que la decisión corresponde al presidente Orsi y al equipo económico.

La diferencia es enorme. Porque detrás de las 40 horas existe una discusión de fondo sobre productividad, costos, inversión, competitividad y empleo. Si se reducen las horas trabajadas sin un incremento proporcional de la productividad, alguien deberá absorber la diferencia. Y Uruguay ya enfrenta costos elevados y dificultades para competir en numerosos sectores.

El acuerdo alcanzado por el SUNCA puede ser válido para la construcción y su estructura. Pero convertirlo en un modelo nacional es otra cosa. Por eso las palabras de Oddone tienen una segunda lectura. El ministro  diciendo: hasta aquí llegamos.

El Ministerio de Trabajo, conducido por Juan Castillo, ex sindicalista, ex secretario general del Partido Comunista, puede dialogar y acompañar las reivindicaciones de las organizaciones sindicales. Pero la política económica no  la define él ni el PIT-CNT. Y ahí comienza la verdadera pulseada dentro del Frente Amplio.

Porque en la coalición de gobierno conviven dos sensibilidades. Una, más próxima a la tradición sindical y a las reivindicaciones históricas del movimiento obrero. Otra entiende que gobernar exige administrar restricciones, cuidar las cuentas públicas, atraer inversiones y preservar la competitividad. 

No es la primera vez que Oddone con su posición genera tensiones con los sectores más radicales. Durante el debate previsional ya hubo dirigentes y economistas frenteamplistas que marcaron diferencias con posiciones impulsadas por el PIT-CNT. Ahora vuelve a ocurrir, pero con una diferencia fundamental: esta vez la discusión está instalada dentro del gobierno.

El problema para Orsi es evidente. No puede gobernar simultáneamente con dos agendas económicas diferentes. No puede enviar señales de prudencia a los inversores mientras desde sectores de su propia administración alimentan expectativas de nuevas conquistas laborales sin medir sus costos.

El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar para todo el país y no para quienes poseen mayor capacidad de movilización. Y aquí aparece una discusión todavía más profunda: ¿quién conduce realmente al Frente Amplio después de la muerte de José Mujica?

El Partido Comunista y el Partido Socialista tienen influencia política, pero electoralmente no poseen el peso del Movimiento de Participación Popular, el sector de los tupamaros que aprendió a moderarse sin dejar de ser impredecible. Entonces, ¿quién lidera realmente? ¿Orsi? ¿El “Pacha” Sánchez? ¿Hay algún otro poder dentro de la estructura frenteamplista?  Estamos llegando a horas decisivas. Orsi deberá marcar con claridad que el presidente gobierna, define y conduce. De lo contrario, este gobierno corre el riesgo de perderse en luchas intestinas, atrapado entre la responsabilidad de administrar el país y las presiones de quienes pretenden convertir cada reivindicación sindical en política nacional.

Estamos en horas cruciales: si el presidente no pone orden y rumbo, el riesgo será que terminen imponiéndose las posiciones más radicales, con lógicas cada vez más alejadas de la realidad económica del país. Ese sería un desenlace indeseable para Uruguay, para el propio gobierno de Yamandú Orsi y a vigencia de la democracia en el país.