Patente de rodados: congelar no significa aliviar
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Por José Pedro Cardozo
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El Congreso de Intendentes resolvió por unanimidad mantener para 2027 los valores de las patentes de rodados vigentes durante 2026 para todos los vehículos con motores a combustión, tanto nafta como diésel. La decisión fue presentada como una señal de estabilidad tributaria, aunque difícilmente pueda interpretarse como un alivio para los contribuyentes. Porque una cosa es congelar un impuesto y otra muy distinta es adecuarlo a la realidad económica de quienes deben pagarlo.
El problema central es que las tasaciones utilizadas para calcular la patente no parecen acompañar la evolución del mercado automotor. Durante este año se ha registrado una importante caída en los valores de los vehículos usados. Sin embargo, esa depreciación que afecta directamente el patrimonio de miles de propietarios no encuentra reflejo en el tributo que deben abonar. En otras palabras, se continúa cobrando sobre valores que ya no representan lo que realmente vale un automóvil.
No es un detalle menor. En Uruguay, dependiendo del modelo, año y categoría, un propietario puede terminar pagando entre 500 y 1.200 dólares anuales por concepto de patente. Se trata de una suma considerable, especialmente para familias que necesitan el vehículo para trabajar, trasladarse o atender sus obligaciones cotidianas. Y lo más cuestionable es que el impuesto parece tener una dinámica propia, independientemente de las dificultades económicas y de la depreciación del bien gravado.
La situación de los vehículos eléctricos tampoco debería quedar al margen de una discusión más amplia. Para 2027 se mantiene la alícuota bonificada del 3% para aquellos cuyo valor de mercado sin IVA sea inferior a 19.000 dólares, mientras se establece un régimen de transición hacia 2028, con alícuotas del 4% y 5% según su valor. Está bien promover tecnologías menos contaminantes, pero también corresponde revisar con criterios de equidad el conjunto del sistema tributario automotor.
Hay, además, una discusión de fondo que las intendencias parecen evitar: ¿es razonable que la propiedad de un vehículo soporte una carga anual tan elevada, sin que exista una relación más equilibrada entre lo que se paga y los servicios que se reciben? En otros países existen modelos de tributación vinculados al uso, al combustible consumido o a criterios que contemplan la circulación efectiva. Quien más utiliza las vías, por ejemplo, puede contribuir en mayor medida a su mantenimiento.
Aquí, en cambio, se paga una patente importante simplemente por tener el vehículo, circule mucho, poco o prácticamente nada. Y eso ocurre mientras numerosas calles y caminos presentan un estado de conservación deficiente, con pozos, baches y deterioros que terminan afectando los propios automóviles.
La campaña de reempadronamiento gratuito anunciada para 2027 y 2028 puede contribuir a ordenar la situación de los vehículos y combatir prácticas de empadronamiento fuera del departamento de residencia. Pero no debe confundirse una medida administrativa con una solución al problema tributario.
Las intendencias tienen derecho a recaudar para financiar sus servicios y obligaciones. Lo que no pueden pretender es que los contribuyentes acepten indefinidamente un sistema que no contempla la pérdida de valor de sus vehículos ni guarda una proporción razonable con la realidad económica.
Congelar una patente que ya resulta cara no es beneficiar al ciudadano. Es mantener intacta una carga que merece una revisión profunda. La unanimidad de los intendentes podrá ser una coincidencia política, pero no convierte automáticamente la decisión en justa. Los contribuyentes necesitan algo más que anuncios de estabilidad: necesitan impuestos razonables, criterios de tasación actualizados y calles que justifiquen, al menos en parte, el esfuerzo que realizan cada año para mantener sus vehículos en regla.