La saga de las patrulleras oceánicas encargadas al astillero español Cardama ya excedió largamente el terreno administrativo para transformarse en una pieza de enredo político digna de archivo. Lo que comenzó como una licitación técnica —una compra estratégica para reforzar la capacidad del Estado uruguayo en la vigilancia marina— se convirtió en una montaña rusa de decisiones zigzagueantes, mensajes contradictorios, filtraciones interesadas y disputas partidarias. El resultado: un clima de incertidumbre que erosiona la credibilidad institucional y posterga, una vez más, las soluciones concretas que el país necesita.

Todo estalló cuando el presidente Yamandú Orsi, acompañado por Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, anunció en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo había decidido iniciar el proceso de rescisión del contrato con Cardama. Lo calificó como un negocio de 90 millones de dólares bajo sospecha, con “fuertes indicios de fraude y estafa” por irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento. El anuncio encendió la agenda mediática con fuerza inmediata, amplificada por la reaparición del ex presidente Luis Lacalle Pou, cuyo gobierno firmó el contrato casi dos años atrás.

El recorrido del acuerdo no fue sencillo. Antes de adjudicarse a Cardama por 82 millones de euros —la oferta más económica tras los intentos fallidos con astilleros de China, Francia y Alemania— ya había señales de alerta. La empresa tuvo dificultades para presentar garantías, y recién diez meses después logró un aval por un año emitido por EuroCommerce Ltda. Cuando en setiembre de 2025 ese aval debía renovarse, ya con Orsi en la presidencia, el Ejecutivo decidió ejecutarlo tras constatar que la empresa británica no era más que una inmobiliaria registrada a nombre de un ciudadano ruso. En octubre se hizo pública la decisión de rescindir el contrato y presentar una denuncia penal.

A partir de allí, el caos. Mientras el gobierno hablaba de fraude, no había comunicado formalmente al astillero español la rescisión. Peor aún: durante el mismo período se siguieron realizando pagos por alrededor de 30 millones de dólares, justificados en supuestos avances de obra que primero se informaron como 60% en el primer buque y luego se corrigieron a un 20%. También se supo que el acero, los instrumentos y parte del armamento ya estaban adquiridos y almacenados en las instalaciones de Cardama. La transparencia, en este punto, se volvió un bien escaso.

El astillero español reaccionó con sorpresa, negó haber incumplido el contrato y ofreció sustituir la garantía cuestionada por otra válida. Desde la oposición se advirtió que una rescisión definitiva podría derivar en un juicio millonario y un probable revés para el Estado uruguayo. Fue entonces cuando el gobierno volvió a girar: tanto Orsi como el ministro Gabriel Oddone transmitieron que, si aparecía una nueva garantía, Cardama podría continuar. El Ministerio de Defensa incluso ordenó a la Marina reanudar los controles sobre los buques en construcción.

Pero la última vuelta de tuerca llegó cuando Jorge Díaz aseguró que la rescisión ya estaba decidida por Orsi, justo antes de que se convocara al gabinete y a toda la bancada del Frente Amplio a la residencia de Suárez para informar los próximos pasos. Como toque final, se filtró a la prensa el proyecto de contrato con Cardama, una práctica que ya no sorprende en ámbitos donde Díaz tiene participación o influencia.

En esta novela de episodios superpuestos, la discusión de fondo parece haber quedado relegada: la imperiosa necesidad de que Uruguay cuente con patrulleras oceánicas capaces de custodiar sus recursos naturales y combatir el narcotráfico en aguas territoriales. En lugar de eso, el debate se embarró en acusaciones cruzadas sobre la fuga de Morabito, la salida de Marset, y la responsabilidad del gobierno anterior en la concesión del pasaporte. Un cambalache político que recuerda, tristemente, la vigencia del viejo tango: todo mezclado, nada en claro.

La construcción de las patrulleras, no debería ser una trama de suspenso. Debería ser un acto de planificación estratégica, profesionalismo y madurez institucional. Uruguay no necesita más idas y vueltas: necesita definiciones serias, transparencia y un gobierno —el que sea— que entienda que la defensa nacional no es un escenario para improvisaciones. Es hora de bajar el telón a la novela y empezar, de una vez, a construir barcos.