A fines de agosto, el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento uno de los proyectos más importantes del período: la Ley de Presupuesto Quinquenal. Se trata de una instancia que suele pasar desapercibida para buena parte de la ciudadanía, pero que marca a fuego el rumbo del gobierno, ya que en ella se traducen —o no— las promesas electorales en cifras concretas. Es el momento en que el discurso político se pone a prueba frente a los límites reales de los recursos del Estado.

En esta ocasión, el escenario tiene elementos nuevos. Por primera vez desde que el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005, no cuenta con mayoría parlamentaria propia en Diputados. Esto obliga al oficialismo a negociar con los partidos menores para conseguir los dos votos que le permitan aprobar el Presupuesto. Pero antes de salir a buscar acuerdos con la oposición, deberá resolver sus propias contradicciones internas.

El presidente Yamandú Orsi ha delegado con pragmatismo la conducción fiscal y económica en el ministro Gabriel Oddone, un técnico de sólida trayectoria, lo que puede interpretarse como una señal positiva de profesionalismo y realismo. Sin embargo, eso no lo exime del desafío político que supone equilibrar intereses, demandas y prioridades dentro de su propia coalición. Uno de los puntos de fricción más evidentes dentro del oficialismo es la propuesta de implementar un “impuesto a los ricos”, impulsado por el PIT-CNT, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Paradójicamente, se trata de una medida que el Frente Amplio no concretó durante sus tres gobiernos anteriores, pero que ahora pretende instalar como solución a problemas estructurales como la pobreza infantil. El planteo apela a una sensibilidad social innegable, pero encuentra resistencia tanto en sectores más moderados del FA como en el equipo económico, que mira con cautela cualquier decisión que pueda alterar el delicado equilibrio fiscal.

Ese equilibrio, vale subrayarlo, es frágil. Desde el Poder Ejecutivo se ha insistido en la necesidad de cuidar las finanzas públicas y priorizar con criterio técnico el uso de los recursos. No obstante, ciertas decisiones recientes generan perplejidad. Mientras se otorga un aumento exiguo a las pasividades más bajas, alegando falta de fondos, el Instituto Nacional de Colonización adquiere un campo por 32 millones de dólares. La contradicción es evidente y alimenta el escepticismo ciudadano frente a la real voluntad de austeridad y eficiencia.

Oddone tiene por delante una tarea que exige equilibrio, firmeza y cintura política. Tendrá que mediar entre las demandas legítimas de distintos sectores sociales y los límites duros que impone la economía. Y todo ello en un contexto de creciente presión de sindicatos, organizaciones sociales y partidos con representación parlamentaria, que ya se posicionan para incidir en el reparto de recursos. Además, la redacción del Presupuesto no es una tarea meramente contable. Es una instancia de definición política profunda. ¿Qué se prioriza: la infancia o la infraestructura? ¿El gasto social o el equilibrio fiscal? ¿La inversión pública o el alivio tributario? ¿Se escucha más al comité de base o al asesor económico?

La Ley de Presupuesto, en definitiva, es donde se mide la coherencia entre lo que se promete y lo que se ejecuta, entre el voluntarismo y la posibilidad real. Será también una prueba de fuego para la capacidad de liderazgo de Orsi, que deberá conciliar internas complejas, presiones externas y un escenario parlamentario adverso. Y será, en última instancia, el primer gran mojón que marcará si el nuevo gobierno llegó para gestionar desde la responsabilidad o desde el impulso ideológico. El Parlamento recibirá el proyecto en breve. Lo que se juegue en esa discusión no es solo un conjunto de partidas presupuestales. Se juega el rumbo político, la credibilidad del gobierno y, por supuesto, el futuro inmediato de millones de uruguayos.