Las recientes declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, lejos de aportar claridad, han encendido nuevas alarmas en un tema de extrema sensibilidad: la seguridad pública.  Pasar de una estimación inicial de hasta dos mil posibles liberaciones de personas privadas de libertad a una cifra “bastante menor a 400” no parece un simple ajuste técnico. Más bien deja la sensación de improvisación o, peor aún, de falta de transparencia en torno a las verdaderas consecuencias de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP).