Salto está dejando de ser aquella ciudad donde todos se conocían, donde una balacera era un hecho excepcional y donde la violencia criminal parecía tener límites. Hoy esos límites se están corriendo peligrosamente. Hay una pregunta que hasta hace poco hubiera parecido exagerada, casi propia de una película policial: ¿ya están actuando sicarios en Salto? Hoy, lamentablemente, no parece ser una pregunta descabellada.

No afirmamos que todos los episodios recientes tengan relación entre sí, ni que detrás de cada ataque exista un asesino contratado. Eso corresponde determinarlo a la Policía y a la Fiscalía. Pero una ejecución frente a una vivienda con familiares y niños dentro de la misma, personas baleadas en las últimas semanas y el lanzamiento de una bomba “molotov” contra una finca, conforman una sucesión de hechos demasiado preocupantes como para continuar analizándolos exclusivamente como episodios aislados. Porque cuando la violencia se repite y comienza a mostrar determinados patrones, corresponde levantar la mirada.

Los sicarios no aparecen de un día para otro. Antes suelen existir organizaciones, negocios clandestinos, disputas territoriales, tráfico de drogas, cobro de deudas y una cultura criminal donde la vida humana comienza a tener un precio. En Montevideo ya se han conocido casos de personas contratadas para amenazar, agredir y matar. También se ha comprobado la utilización de jóvenes para ejecutar acciones violentas. ¿Por qué Salto debería estar inmunizado frente a esa realidad? No lo está.

Hay además un fenómeno particularmente preocupante: los préstamos conocidos como “gota a gota”. Dinero prestado rápidamente, sin controles formales, con intereses abusivos y cobranzas realizadas mediante amenazas. Primero llega el reclamo. Después la intimidación. Luego la agresión. Y cuando el deudor no paga, puede aparecer la violencia física o armada.

Algo similar puede ocurrir con las deudas generadas en el mundo del narcotráfico. Una persona compra droga y no paga. Otra pretende comenzar a vender por su cuenta en una zona controlada por determinada boca. Alguien invade un territorio ajeno. Otro intenta quedarse con clientes o mercadería. En ese mundo no existen tribunales para resolver las diferencias.

Existe la amenaza. Existe la paliza. Existe el cuchillo. Existe la bala. Y, eventualmente, puede existir el sicario.

En Salto hemos conocido personas golpeadas brutalmente, heridas con armas blancas y baleadas que, sin embargo, se niegan a denunciar y aportar datos para identificar a sus agresores. Cada caso puede tener una explicación diferente. Pero resulta imposible no preguntarse si detrás de algunos de esos silencios existe miedo.

Tampoco podemos ignorar la presencia de las bocas de venta de drogas. No son simplemente lugares donde se comercializan estupefacientes. Algunas pueden transformarse en verdaderos centros de poder criminal, con capacidad económica, armas, soldados, cobradores y control territorial. Si alguien pretende desafiar ese negocio, la respuesta puede ser violenta. Por eso las autoridades deben investigar mucho más allá del autor material de cada ataque. Hay que saber quién manda, quién financia, quién cobra, quién presta dinero, quién distribuye drogas y quién ordena. Y hay que hacerlo ahora.

También corresponde evitar generalizaciones irresponsables. La presencia de ciudadanos colombianos, venezolanos, cubanos u otros extranjeros en Salto no constituye, por sí misma, ningún problema. La enorme mayoría son personas honestas que trabajan, emprenden, forman familias y aportan a nuestra sociedad.

Pero si alguna organización criminal intenta utilizar la condición de extranjero, en una actividad comercial o cualquier fachada legal para ocultar operaciones ilícitas, debe ser investigada y desarticulada con toda la fuerza de la ley. Salto no puede acostumbrarse a la violencia. Salto ya perdió demasiada tranquilidad. No permitamos que también pierda el miedo que alguna vez tuvo el delincuente frente a la autoridad.