Una vez más, el gobierno nacional demuestra que el centralismo burocrático y la desconexión con la realidad del interior profundo son más que una percepción: son una política de Estado. La reciente resolución de la Dirección General Impositiva (DGI), que reduce del 40% al 32% el descuento del IMESI sobre la nafta en los departamentos fronterizos con Argentina, es una muestra clara de esa lógica.

Con vigencia desde el 1° de agosto de 2025, la medida es sorpresiva, inoportuna y profundamente injusta. No solo debilita una herramienta que buscaba contener la sangría comercial hacia el país vecino, sino que agrava una situación ya crítica para los departamentos litoraleños, particularmente en Salto, donde el impacto del desequilibrio de precios con la vecina Concordia ha deteriorado sistemáticamente la actividad comercial formal. El gobierno ha optado por achicar un beneficio vital para la economía regional sin diálogo, sin consultas, sin el más mínimo análisis de impacto público. Una decisión tomada desde un escritorio en Montevideo, desoyendo estudios técnicos y reclamos locales, que parece responder más a una necesidad recaudadora inmediata que a un diseño de políticas públicas sensatas y coherentes.

Las cifras no mienten. El Observatorio Económico de la Universidad Católica – Campus Salto, ha documentado que la brecha de precios entre Salto y Concordia alcanza un alarmante 55,25%, y en el caso de los combustibles llega a 57,36%. Incluso con el descuento anterior del IMESI, llenar el tanque en Argentina era, y sigue siendo, mucho más barato. Ahora, con esta nueva reducción del beneficio, la diferencia ronda los $13 por litro a favor del país vecino. ¿De qué sirve entonces un "descuento" que no alcanza a corregir ni parcialmente el desequilibrio? Peor aún, esta medida contradice el mensaje que el propio gobierno había enviado días antes al Parlamento, cuando promovió –con apoyo unánime en comisión– un proyecto de ley para mitigar asimetrías de precios, especialmente en la frontera con Brasil, mediante rebajas impositivas a productos de la canasta básica y otras herramientas de alivio fiscal. ¿Cómo se entiende entonces que el mismo Ministerio de Economía que impulsó ese proyecto, apruebe por otro canal una medida que va exactamente en sentido contrario para la frontera con Argentina?

La contradicción es tan evidente como preocupante. Este tipo de inconsistencias desacredita al gobierno frente a los actores locales, debilita la credibilidad institucional y transmite la noción de que el litoral no está siendo considerado como una región con particularidades que merecen atención diferenciada.Las consecuencias son previsibles y agravarían una realidad ya existente: caída en las ventas, incremento del comercio informal, riesgo de cierre de comercios y pérdida de empleo. Según el Centro Comercial e Industrial de Salto, las ventas cayeron un 6,5% en el primer semestre de 2025 respecto al año anterior. Esta nueva resolución de la DGI no hará más que acelerar esa tendencia.

Además, reduce aún más la competitividad de las estaciones de servicio uruguayas, que quedan en franca desventaja, incentivando –paradójicamente– aquello que se quería frenar: el abastecimiento de combustible del otro lado del río.En lugar de reconocer las desigualdades territoriales, el gobierno parece castigarlas. La medida del IMESI no solo ahonda la brecha económica, sino que perpetúa una visión insensible que margina al litoral de cualquier posibilidad de desarrollo equitativo.

El argumento fiscalista esgrimido, aunque no explicitado, deja en evidencia una urgencia recaudatoria que no se anima a enfrentar al gigantismo del Estado, pero sí a golpear a los pequeños comerciantes, trabajadores y familias de frontera. Se prefiere seguir alimentando una maquinaria estatal sobredimensionada antes que sostener una medida de alivio concreta y efectiva. Este ajuste fiscal encubierto es, en definitiva, una bofetada al litoral. Una bofetada que llega en el peor momento, que contradice al propio gobierno, y que da la espalda a una región que, lejos de privilegios, carga sobre sus espaldas las consecuencias de una geografía que los tomadores de decisiones se niegan a comprender.