El episodio ocurrido en el Senado de la República no es menor ni puede despacharse como una simple controversia política. Por el contrario, expone una señal preocupante sobre los límites —o la falta de ellos— que algunos sectores parecen dispuestos a imponer al debate democrático. La propuesta del oficialismo de remitir versiones taquigráficas de intervenciones parlamentarias a un tribunal militar, a raíz de críticas vertidas por legisladores de la oposición, no solo resulta insólita: es profundamente inquietante.