La Rendición de Cuentas vuelve a mostrar que, mientras se proclama sensibilidad por los más vulnerables, siempre aparece algún mecanismo para atender primero a quienes tienen llegada a los círculos del poder. Hay artículos de una Rendición de Cuentas que pueden discutirse por su contenido, por su oportunidad o por el monto que implican. Y hay otros que llaman especialmente la atención porque parecen demostrar, una vez más, que en el Estado uruguayo existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría.

El artículo 121 del proyecto que está considerando la Cámara de Diputados pertenece, por lo menos, a esa segunda categoría de normas que deberían generar explicaciones mucho más contundentes de las que hasta ahora se han escuchado. La disposición plantea una reasignación dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores por $9.487.916, incluyendo aguinaldos y las correspondientes cargas legales, destinada a financiar compensaciones especiales por el desempeño de funciones de mayor responsabilidad y el cumplimiento de determinadas metas. En el papel, nada parece extraordinario. Estas compensaciones existen en distintas dependencias del Estado. El problema aparece cuando se conoce el origen del reclamo que termina desembocando en una norma presupuestal.

Porque, según ha trascendido, el artículo tiene nombre y apellido: Fabiana Goyeneche, dirigente de Casa Grande y conocida años atrás por su participación en la campaña “Ser joven no es delito”, cuando se discutía la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad ante el crecimiento de los delitos violentos cometidos por menores.

Goyeneche, que pasó por la Intendencia de Montevideo, luego por el Ministerio de Economía y Finanzas y actualmente cumple funciones como asesora de asuntos culturales en Cancillería mediante un pase en comisión, habría reclamado una compensación vinculada al denominado compromiso de gestión, del orden de los $30.000 mensuales.

Lo llamativo es que el propio ámbito jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores habría rechazado inicialmente el planteo. Sin embargo, la discusión no terminó allí. El reclamo escaló hasta la Torre Ejecutiva y terminó convertido en un artículo de la Rendición de Cuentas. Y ahí está el verdadero problema.

Cuando un funcionario reclama una partida, el camino debería ser exactamente el mismo para todos. Se estudia, se determina si corresponde jurídicamente, se analiza si existe disponibilidad presupuestal y se resuelve de acuerdo con las normas vigentes. No debería importar quién reclama, de qué partido es, qué cargo ocupa ni qué vínculos políticos tenga. Porque si una pretensión individual que fue rechazada por el organismo correspondiente termina transformándose en una norma presupuestal, la señal que se transmite es francamente peligrosa: reclamar puede ser legítimo; tener influencia para que el reclamo termine convertido en ley es otra cosa. Y aquí aparece una contradicción que el oficialismo debería explicar.

Mientras el discurso político habla permanentemente de igualdad, justicia social, protección de los sectores vulnerables y prioridad absoluta para la infancia, aparecen casi diez millones de pesos destinados a financiar compensaciones especiales dentro de un mecanismo cuya génesis parece responder a un reclamo particular.

¿De verdad no existen otras prioridades? ¿No hay niños esperando respuestas del Estado? ¿No hay escuelas que necesitan mejoras? ¿No existen familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes? ¿No faltan recursos para seguridad, salud, educación y atención de situaciones sociales cada vez más complejas?

El contribuyente que sostiene todo este entramado no tiene la posibilidad de acudir a la Torre Ejecutiva para pedir una compensación especial. El trabajador privado tampoco. El pequeño comerciante que paga IVA, aportes, BPS y demás obligaciones tampoco tiene semejante mecanismo de respuesta. Pero aparentemente en el Estado siempre hay una puerta que puede abrirse cuando se tiene la llegada adecuada.

No se trata de discutir si Goyeneche merece o no una compensación. Ese es precisamente el punto: las remuneraciones y compensaciones públicas deben determinarse mediante reglas generales y objetivas, no mediante excepciones con destinatarios identificables.

La izquierda uruguaya de esta forma, esta lamentablemente alejándose de los que se suponían eran sus principios. Hipocresía total.