La pesca en Uruguay, aunque muchas veces relegada en la agenda pública, es un sector estratégico tanto por su potencial económico como por su aporte a la generación de empleo. Durante años, las exportaciones pesqueras han representado ingresos por varios millones de dólares, con productos que llegan a mercados exigentes como la Unión Europea, Asia y América del Norte. A esto se suma un entramado laboral que da trabajo directo e indirecto a cientos de familias, desde los trabajadores embarcados hasta quienes operan en plantas procesadoras y cadenas logísticas.

Sin embargo, hoy el sector atraviesa una situación crítica. Desde hace más de un mes, un conflicto entre sindicatos y empresas mantiene paralizadas parte de las operaciones, generando pérdidas económicas importantes y un clima de incertidumbre que amenaza con erosionar aún más una actividad ya afectada por múltiples desafíos estructurales: envejecimiento de la flota, sobrecostos, falta de innovación, inestabilidad laboral y una lenta modernización de la cadena productiva.

Más allá de las razones puntuales del conflicto —diferencias sobre condiciones salariales, jornadas laborales y licencias—, lo cierto es que este tipo de parálisis revela la fragilidad del sector y la falta de una política de Estado que lo proteja y potencie en forma sostenible. No se trata solo de resolver una disputa gremial. Se trata de reconocer que la pesca en Uruguay está en una encrucijada y que se requieren decisiones estratégicas para evitar un deterioro mayor.

Uruguay cuenta con un extenso litoral atlántico y un valioso ecosistema fluvial, lo que lo posiciona con ventajas comparativas para una pesca artesanal y de altura sustentable. Pero el aprovechamiento de este recurso natural ha sido históricamente desigual, a veces improvisado, y con escasa planificación a largo plazo. Mientras algunos sectores han logrado exportar con éxito, otros languidecen por falta de apoyo técnico, infraestructura adecuada y acceso a financiamiento.

El conflicto actual, que afecta tanto a empresas como a trabajadores, debe ser un llamado de atención para todos los actores involucrados: gobierno, empresas, sindicatos y consumidores. No se puede seguir postergando una discusión seria sobre el futuro del sector, en un contexto internacional donde los productos pesqueros son cada vez más valorados y donde la trazabilidad, la calidad y la sostenibilidad son condiciones ineludibles para competir.

El Estado debe jugar un rol activo, no solo como mediador del conflicto, sino como promotor de una estrategia integral que abarque desde el manejo responsable del recurso hasta el fortalecimiento del valor agregado y la apertura de nuevos mercados. La actualización de las regulaciones pesqueras, el control del esfuerzo pesquero y la inversión en innovación tecnológica son pasos urgentes si se quiere garantizar la viabilidad futura del sector.

Del lado de los trabajadores, también se requiere una visión más amplia: la defensa de los derechos laborales es fundamental, pero también lo es la sostenibilidad del recurso y la adaptabilidad a un mercado que cambia. De nada sirve preservar condiciones laborales si el sector se achica o desaparece por falta de competitividad o por una sobreexplotación irresponsable del mar.

En suma, el conflicto que hoy paraliza a parte de la pesca uruguaya no es una excepción, sino un síntoma de problemas más profundos. Uruguay necesita una política pesquera moderna, equilibrada, socialmente justa y ambientalmente sostenible. Lo contrario sería dejar que una fuente valiosa de divisas, alimento y empleo quede a la deriva, sin timón ni horizonte. No se trata de elegir entre producción o derechos, entre empresa o sindicato: se trata de encontrar un rumbo común que preserve el recurso, potencie el sector y asegure oportunidades para todos.