La marcha atrás del presidente Orsi en el caso de la anestesista Inés Miralles dejó al descubierto una cadena de decisiones, explicaciones y responsabilidades que todavía esperan respuestas. La ministra Cristina Lustemberg fue desautorizada en los hechos, pero el Gobierno parece decidido a cerrar el episodio sin investigar dónde se originó el error.

La resolución del presidente Yamandú Orsi, que dejó sin efecto la reducción de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la médica  anestesista al restablecer la sanción original, terminó contradiciendo una decisión que la propia ministra Cristina Lustemberg había defendido públicamente durante meses. Y no solamente ante la opinión pública, sino también en sus comparecencias parlamentarias, donde sostuvo los fundamentos de aquella determinación.

Como ha señalado el diputado Federico Casaretto, no estamos frente a una ministra que simplemente firmó un documento elaborado por sus asesores sin conocer sus implicancias. Lustemberg respaldó aquella resolución, defendió el informe jurídico y sostuvo su posición cada vez que fue consultada. Por eso, ahora resulta insuficiente explicar que el Ministerio fue inducido a error por sus propios servicios jurídicos.

Si hubo un asesoramiento equivocado, corresponde investigar quién lo elaboró, cuáles fueron sus fundamentos y qué responsabilidad administrativa puede existir. Si la ministra tomó la decisión y la defendió como propia, también debe explicar por qué lo hizo y qué elementos la llevaron a sostenerla durante tanto tiempo. No parece razonable que, cuando las consecuencias políticas se hacen inocultables, las responsabilidades terminen diluyéndose entre funcionarios técnicos.

La renuncia del director de Servicios Jurídicos, Martín Esposto, alegando razones vinculadas al desgaste y la exposición del caso, tampoco despeja las interrogantes. ¿Alcanza con una renuncia para cerrar el capítulo? ¿No corresponde una investigación administrativa que permita establecer cómo se llegó a una resolución que posteriormente el propio Poder Ejecutivo decidió revocar?

Pero existe otro aspecto todavía más delicado. La ministra no solamente quedó enfrentada a una rectificación presidencial. Once integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, entre ellos profesores grado 5, habían renunciado en discrepancia con la reducción de la sanción. Eran voces técnicas cuya participación constituía una referencia institucional. Su alejamiento también merece una explicación.

El asunto tiene, además, una dimensión que no puede minimizarse. El Ministerio de Salud Pública es el organismo que debe garantizar que los derechos de los pacientes estén por encima de cualquier interés corporativo, profesional o sectorial. Cuando una familia reclama por la muerte de un ser querido y cuestiona una decisión que reduce la sanción a una profesional condenada por homicidio culpable, la actuación del Estado debe ofrecer transparencia, fundamentos y garantías.

La discusión no puede reducirse a una pulseada entre oficialismo y oposición, ni despacharse con descalificaciones hacia quienes reclaman explicaciones. Tampoco alcanza con que el presidente asegure que mantiene su respaldo político a la ministra mientras revoca una resolución que ella había defendido.

Como plantea Casaretto, hay una contradicción que merece ser examinada: ¿cómo se compatibiliza el respaldo presidencial con una rectificación que deja sin efecto la decisión más controvertida de la gestión ministerial?

La salud pública necesita autoridades capaces de transmitir certezas, especialmente cuando están en juego la vida, la seguridad y la confianza de los ciudadanos. Y esa confianza no se recupera con comunicados, explicaciones cambiantes ni decisiones de último momento. Se construye con responsabilidad, transparencia y coherencia.

El Gobierno podrá considerar cerrado administrativamente el episodio. Sin embargo, mientras no explique quién se equivocó, por qué ocurrió y quién responde por las consecuencias, las preguntas seguirán abiertas. Porque en materia de salud, la confianza pública también es una responsabilidad que no admite delegaciones.