Esta semana leemos en las noticias un nuevo paro en el puerto de Montevideo. Y como muchas veces, la discusión pública agarra por el mismo carril, si el reclamo es justo, si el sindicato tiene razón, si la empresa cedió poco o mucho. Todo eso es parte del debate y está bueno discutirlo. Pero mientras miramos ese ida y vuelta, hay una pregunta que casi nunca aparece y que, sin embargo, debería preocuparnos a todos: ¿cuánto le cuesta al Uruguay un solo día de paro en el puerto?

No es una pregunta teórica. En conflictos recientes, las gremiales empresariales estimaron que una semana de paro o de operativa muy reducida generó pérdidas por más de 60 millones de dólares. Estamos hablando entre 8 y 10 millones de dólares por día. Por día. Mercadería que no sale, contratos que no se cumplen, costos logísticos altísimos y oportunidades que muchas veces no vuelven.

Ese número puede parecer lejano, pero bajemoslo a tierra. No es que “el puerto” pierda plata como si fuera una cosa abstracta. Pierde el exportador que no embarca a tiempo. El transportista que se queda sin viajes. El productor que ve cómo su producción pierde valor por una demora. El importador que no recibe insumos. Es decir, no pierde “el puerto”, pierde el Uruguay, y más temprano que tarde, esos costos terminan llegando al bolsillo de todos, porque todo eso termina trasladando a precios finales.

Uruguay es un país chico y abierto. Vive, en gran parte, de su comercio exterior. No tenemos mercados cautivos ni margen para errarle muchas veces.  Ahí aparece otro problema de los paros en sectores estratégicos. No es solo el costo del día a día, que ya es alto. Es muchas veces el costo de imagen. En el comercio internacional, cumplir en tiempo y forma es casi tan importante como el precio. Un barco que se va a otro puerto porque acá no tuvo certeza no siempre vuelve. Una ruta que se pierde no se recupera de un día para el otro. Y un cliente que busca previsibilidad suele elegir al que menos problemas le genera.

Esto no implica desconocer el rol de los sindicatos ni el derecho de los trabajadores a defender sus intereses. Los sindicatos bien entendidos cumplen una función necesaria: equilibrar fuerzas, proteger al trabajador honesto y dar una voz colectiva donde individualmente no la habría.
La pregunta entiendo que es otra ¿Cómo compatibilizamos el derecho a reclamar con la necesidad de garantizar continuidad en servicios que son clave para el país? ¿Quién asume el costo cuando un conflicto sectorial termina afectando a miles de personas que no están sentadas en la mesa de negociación?

Porque digamoslo claro: los millones de dólares que se pierden en un paro portuario no los pagan los que negocian. Los paga la economía en general, los paga el empleo que no se crea, los paga la inversión que se posterga, los paga el país cuando pierde competitividad frente a otros puertos de la región.

En un mundo cada vez más competitivo, los países compiten entre sí no solo por costos, sino por confiabilidad. ¿Somos conscientes de eso cuando los conflictos se estiran? ¿O seguimos actuando como si lo que pasa puertas adentro no tuviera consecuencias afuera?
El dato de esos 8 o 10 millones de dólares por día no tienen que usarse para pasar facturas ni para simplificar discusiones complejas. Tienen que servir como una señal de alerta. Como recordatorio de que estas decisiones tienen impactos que van mucho más allá del conflicto puntual.
Defender derechos laborales y cuidar la imagen del país no son objetivos opuestos. Pero se necesita un poco más que lindos discursos. Se necesita responsabilidad, reglas claras y una mirada de largo plazo