En los últimos días volvió a circular una idea que, aunque no es nueva, cada vez que reaparece merece ser discutida con claridad: imponer un preaviso obligatorio en determinados despidos. La propuesta, impulsada desde ámbitos sindicales y acompañada por algunos actores políticos, parte de una premisa a nuestro criterio equivocada, y termina yendo exactamente en contra de lo que dice buscar.

No estamos ante un debate demasiado técnico ni delicado. No es un tabú. Es una discusión bastante simple si se la encara sin eufemismos: poner más trabas al despido no protege el empleo; lo encarece. Y cuando el empleo se encarece, lo que se frena no es el despido, sino la contratación.

Uruguay tiene un régimen de despido claro desde hace décadas. El empleador puede despedir sin invocar causa, pero debe pagar una indemnización. No es gratis, no es arbitrario y no es liviano. Es un sistema que combina libertad con responsabilidad. El trabajador no queda desamparado y el empleador asume un costo económico relevante. Ese equilibrio le ha dado previsibilidad al mercado laboral.
La idea de agregar un preaviso obligatorio para ciertos despidos en nuestra opinión rompe esa lógica. Introduce una capa más de rigidez, de regulación, más incertidumbre y más riesgo jurídico. No soluciona un problema real y crea varios nuevos. Porque no estamos hablando de una formalidad menor, sino de condicionar decisiones empresariales que, en la enorme mayoría de los casos, no se toman por capricho sino por necesidad.

Creemos que el error central de este tipo de propuestas es mirar solo el momento del despido y olvidarse del momento clave: el de la contratación. Cada vez que el Estado agrega obligaciones caprichosas, plazos, sanciones o requisitos para despedir, lo que está haciendo es enviar un mensaje claro al que invierte: contratar gente en Uruguay es cada vez más riesgoso.

Y cuando contratar se vuelve riesgoso, el efecto no es que las empresas se porten mejor, el efecto es que contratan menos. Que esperan más. Que automatizan antes. Que tercerizan. O directamente que invierten en otro lado. El empleo que se pierde ahí no sale en las noticias porque es el empleo que nunca llegó a existir.

Este punto es clave y muchas veces se omite en el discurso público. Los mayores beneficiados de un clima favorable a la inversión y a la creación de empleo genuino no son solo los empresarios: es la economía en general y por lo tanto son también los trabajadores. Porque donde hay más empresas compitiendo por contratar, hay más puestos de trabajo, mejores salarios, mejores condiciones y mayor estabilidad real.
Nada de esto implica promover una flexibilización salvaje ni desconocer derechos laborales. Uruguay tiene un entramado normativo fuerte, negociación colectiva, sindicatos organizados y mecanismos de protección claros. El problema no es la falta de regulación; el problema es la tentación permanente de seguir regulando como si cada nuevo obstáculo fuera gratis.

Hay además un efecto poco mencionado: estas medidas no golpean por igual a todos. Las grandes empresas generalmente pueden absorber nuevos costos. Las pequeñas y medianas, no siempre. Y cuando una pyme deja de contratar o cierra, no hay preaviso que alcance ni indemnización que compense la pérdida de esos puestos de trabajo.

El debate de fondo no es si el despido duele, claro que duele. El debate es si las herramientas que se proponen sirven para que haya más trabajo o solo para dar una sensación de protección que termina siendo contraproducente. Defender al trabajador no es blindar el despido; es generar condiciones para que haya más oportunidades de empleo.

Si de verdad queremos proteger a quienes viven de su trabajo, entendemos que el camino no pasa por trancar decisiones empresariales ni por agregar rigideces mal pensadas. Pasa por fomentar inversión, crecimiento y contratación. Porque en economía, y también en derecho laboral, muchas veces la mejor política para no despedir es simplemente que haya más gente dispuesta a contratar.