La vulnerabilidad extrema en la que se encuentra una madre que transita la intemperie junto a un recién nacido expone una de las fallas más graves e inadmisibles de nuestro sistema de protección social. El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar que ninguna mujer ni ningún lactante queden desamparados en las calles de nuestro país. Sin embargo, la realidad local de nuestra ciudad evidencia un vacío estructural alarmante que pone en jaque la dignidad y los derechos humanos más elementales de los sectores más indefensos.