La discusión pública en torno a las políticas sociales ha ingresado en un terreno sumamente peligroso para el porvenir de la República. La propuesta impulsada desde sectores del gobierno frenteamplista de entregar transferencias monetarias sin exigir absolutamente nada a cambio representa un retroceso imperdonable en materia de equidad, desarrollo y justicia distributiva. En las administraciones fundacionales de Tabaré Vázquez y Danilo Astori, el Estado aplicó un criterio de rigurosa responsabilidad cívica y social: para percibir los beneficios, se exigía inexcusablemente que los niños concurrieran a la escuela y cumplieran con los controles sanitarios correspondientes. Aquel modelo entendía que la ayuda económica debía ser un puente hacia la superación, nunca un fin en sí mismo.

NIÑOS CRECIENDO EN LA IGNORANCIA

En contraste alarmante, en tiempos recientes hemos escuchado a legisladoras del oficialismo justificar la inasistencia escolar bajo el argumento de que existen madres con múltiples hijos en contextos críticos que- superadas por la realidad- supuestamente no pueden enviar a los menores a los centros educativos. ¡Vaya disparate hacer una afirmación semejante! ¿Qué rol cumple el Estado si renuncia a su obligación indelegable de asegurar que los niños no crezcan en la ignorancia o bajo las peligrosas enseñanzas de la calle? Resulta incomprensible que se desconozca una verdad elemental: sin educación formal y sistemática, se está condenando directamente a los niños que crecen en el desamparo a una exclusión perpetua.

Esta lógica de dar dinero a cambio de nada se perfila como un mecanismo encubierto de compra de voluntades. Se confirma aquella cínica premisa expresada por Gustavo Petro de que es necesario mantener a los pobres en su condición de tales, bajo el pretexto de que el día que logran superarla, dejan de votar a la izquierda. No sería extraño que los operadores políticos ensayen la estrategia para la próxima campaña electoral, agitando el fantasma de que una victoria opositora significará la quita de la prestación, sembrando temor entre las madres beneficiarias.

Como si esto fuera poco, las justificaciones públicas han rozado el absurdo. Hemos escuchado al propio presidente del Frente Amplio argumentar que los pobres también pueden gastar ese dinero comprando vino, y a una diputada, muy mediática, expresarse en el mismo sentido. ¿Acaso creen que los contribuyentes son tontos? Semejantes declaraciones constituyen un insulto intolerable a la inteligencia ciudadana. Cualquier persona es libre de hacer lo que plazca con los recursos que ha ganado genuinamente mediante su esfuerzo diario, pero no con fondos sustraídos del esfuerzo general y destinados específicamente a abatir la tragedia de la pobreza infantil.

La indignación se multiplica al mirar los datos reales del mercado laboral uruguayo. Hoy en día, aproximadamente quinientos mil trabajadores ocupados perciben menos de veinticinco mil pesos mensuales, y la cifra trepa a ochocientos mil si se consideran salarios inferiores a treinta mil pesos. Habrá que explicarles con absoluta franqueza a esos sacrificados compatriotas que deben trabajar diez jornadas para ganar diez mil pesos, cifra que el Estado dará a otros sin ningún condicionamiento.

Los niños deben ir a la escuela para tener un futuro. Es deber de una sociedad justa y solidaria asegurarse que así sea, exigiendo a los gobernantes que tomen las medidas que sean necesarias, que por cierto, no son las que se proponen en la Rendición de Cuentas.