Hay tres máximas del progresismo que no admiten discusión. Son parte de su ADN existencial, programático y político. Son partidarios de un estado grande, gobierno caro. No son pecaminosos ni criminales, solo rebeldes sin causa pero  en algunos casos flores de vivos y grandes retóricos.

Creen realmente en un estado y gobierno enorme, pretendidamente omnipotente. Piensan que solo desde lo público se logra la riqueza, felicidad y justicia social, invariablemente la honestidad y nunca el ánimo de lucro. Hacen falta muchos ministerios, secretarías, direcciones, comisiones, cuadrillas, mesas y mucho más con tantos nombres así como la complejidad de la sociedad. Pretenden a través de la ley y los funcionarios, miles de ellos, así como la publicidad y el control comunitario, asegurar la igualdad y prosperidad de la población, o por lo menos la inmensa mayoría de ella. Para ello se necesita un comando de ministros, secretarios, directores, presidentes de comisiones y mesas, capataces de cuadrillas al mando de un ejército de empleados públicos designados directamente o de confianza política. Igual, el ochenta por ciento de los reclutados no sirve para nada, son cobradores de sueldos,  ocupantes de oficinas y centros comunales. Además porque –en general- la vida no se resuelve en un escritorio público ni en un papel.

Conclusión,  se terminan con miles de leyes, con buenas y malas intenciones, pero que nadie cumple. Otras miles de personas trabajando en la informalidad. Y con una economía autoritaria de subsistencia.

Para mantener al Estado hace falta mucho, mucho dinero. Ni siquiera los militantes progresistas son gratis, todos bien pagos y cobradores de viáticos. Por ende, los presupuestos del progresismo son cada vez más grandes. Una cuenta del pasado reciente indica que el estado pasó para financiarse de 4 mil hasta 17 mil millones de dólares. Y eso no es solo inflación nacional o internacional. Se llama aumento de costos por más y nuevas más funciones del por entonces llamado Estado Progresista, a través de las cuales dijo incluir derechos, distribuir la riqueza y garantizar la integridad social.

El financiamiento de tal proyecto supone la existencia irrestricta de  los impuestos directos, cada vez más asfixiantes para los pocos que contribuyen y la cuota-parte en las facturas de las empresas públicas para saciar la voracidad fiscal.

La diferencia entre lo que entra y lo que sale es abismal... en dolares y en rojo. Después de todo lo que se recauda y paga queda una cuenta pendiente millonaria en dólares que se debe financiar con endeudamiento público. A los empresarios, ruralistas y todo el pueblo que reclaman soluciones sobre el costo país, no se puede aumentar dramáticamente la brecha fiscal, ni prescindir de ningún recurso de los aportadores privados. Por lo demás, achicar el Estado y rebajar los gastos no es exclusivo de su jurisdicción, pero de todos modos los tajos grandes en esta materia no son de su ADN.