Uruguay está conmocionado. Más de 7.000 (siete mil) ahorristas vieron evaporarse sus ahorros en lo que parecían inversiones seguras y rentables en el sector ganadero. Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera ofrecían rentas fijas, pagos en fecha y muchos atractivos, pero detrás de la promesa había algo más: un sistema insostenible que terminó colapsando, arrastrando con ellos los ahorros de miles de familias uruguayas. El golpe no solo afecta a los inversores que confiaron en estos fondos y sus responsables. La magnitud del problema es tan grande que representa casi un punto del Producto Bruto Interno del país. Esto realmente pone en jaque la confianza en las inversiones privadas de este estilo, y deja en evidencia omisiones graves en los controles estatales. Ni el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ni el Banco Central del Uruguay (BCU) advirtieron lo que estaba ocurriendo, permitiendo que estos esquemas crecieran durante años hasta que fue demasiado tarde.

¿Negocio legítimo o estafa disfrazada? El mecanismo detrás de estas empresas, por lo menos a lo último, terminó siendo similar a un esquema Ponzi: los inversores recibían sus pagos con el dinero de nuevos inversores, en vez de hacerlo con las ganancias genuinas de la actividad. Mientras entraban inversores y había flujo de dinero, todo parecía funcionar. Pero cuando la rueda dejó de girar, a causa de muchísimos factores que han sido analizados al cansancio, la realidad salió a flote: no había suficientes fondos para devolver el capital invertido.

Este tipo de fraude no es nuevo. Sin embargo, en este caso, el atractivo del sector agropecuario y la confianza en la solidez del negocio ganadero hicieron que miles de personas apostaran sus ahorros sin sospechar que podrían llegar a perderlo todo. El rol del Estado: ¿quién debía controlar? Uno de los aspectos que preocupa de este caso es la falta de reacción de los organismos estatales que teniendo herramientas para detectar estas irregularidades, no lo hicieron.

Por un lado, el MGAP a través del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) tenía en su poder todos los datos sobre la operativa de estas empresas. Un cruce de información bien hecho hubiera bastado para advertir que había inconsistencias en la cantidad de ganado que realmente existía y el que supuestamente respaldaba las inversiones. Por otro lado, el BCU, encargado de supervisar el mercado financiero y las actividades de intermediación, no actuó a tiempo. No se trata de exigir más regulación, sino de aplicar con mayor eficiencia los controles que ya existen.

Responsabilidades legales: ¿qué pasa con los responsables? Desde el punto de vista jurídico, los directores de estas empresas se están enfrentando a consecuencias penales. Las denuncias ya presentadas incluyen denuncias de delitos como estafa y apropiación indebida, figuras que en Uruguay pueden llevar a penas de prisión.

Sin embargo, la experiencia nos dice que los procesos judiciales en estos casos son lentos, largos y complejos. El impacto en la confianza y en la economía. Más allá de las repercusiones legales, un problemón que se nos viene es la desconfianza que estos escándalos generan en la inversión privada. La incertidumbre sobre el futuro de esos capitales y la hoy falta de respuestas claras afectan a la estabilidad financiera del país.

Conclusón: advertencia para el futuro. El daño ya está hecho y para muchas familias, es irreversible. La Justicia tiene ahora la oportunidad de dar respuestas y reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Los inversores merecen claridad, acción y la certeza que los responsables no quedarán impunes.