Es triste ver el tijeretazo que las autoridades del Consejo de Formación en Educación aplican a las instituciones del interior. Y permítanos amigo lector agregar el dolor personal pues se trata del Cerp del Litoral, de la institución en la que quien esto escribe se desempeñó como docente desde hace 23 años. Tiempo suficiente para entender el valor de estos enclaves para el desarrollo social de miles de jóvenes de todo el país. Porque a nuestro querido Cerp han llegado de Bella Unión, Tomás Gomensoro, Artigas, todo el interior de nuestro Salto, las capitales del Litoral, más cada una de las ciudades y pueblos de estos departamentos más Rivera, Tacuarembó. El Cerp del Litoral ha generado formación y trabajo para gente de Merinos en Paysandú y San Javier de Río Negro. Es una nota que escribimos desde el dolor.

La semana pasada comenzó con once centros de formación docente ocupados, algunos por sus estudiantes, otros por sus docentes y otros por ambos: los Institutos Normales, el Instituto de Profesores Artigas, el Instituto de Formación Docente de Fray Bentos, el Anexo de Artigas y el de Paysandú, y el Centro Regional de Profesores (CERP) del Centro, el del Norte, el del Este, del Litoral, del Sur y del Suroeste.

A través de un comunicado, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) planteó los motivos: “En la última semana los consejeros político partidarios [del Consejo de Formación en Educación (CFE)] Walter Fernández Val, Martina Bailón y Laura Donya han dispuesto medidas que perjudican severamente el funcionamiento de los institutos de formación de docentes y educadores a nivel nacional”, aseguraron.

Según denunciaron, el CFE redujo “de forma brutal la cantidad de grupos y cursos que serán impartidos el año próximo, afectando la situación laboral de decenas de docentes y la cursada de miles de estudiantes”. De acuerdo con los docentes, estos cambios no fueron discutidos en instancia bipartita, por lo que significa “una clara violación de la ley de negociación colectiva”.

En concreto, el Sidfe señaló que las autoridades del CFE resolvieron “eliminar grupos de trabajo presencial” para sustituirlos “casi en su totalidad por instancias semipresenciales, que mezclan pocas instancias presenciales con la mayoría del trabajo en plataforma”. De tal forma, aseguraron que, contando todas las carreras, se prevé eliminar 222 grupos, lo que equivale a 8.000 horas de clase.

De acuerdo con el sindicato, los centros de formación más perjudicados con este recorte son los del interior del país. “Se tiende a generar una formación cuya presencialidad va a estar centralizada en Montevideo y con instituciones vacías en el resto del país”, esgrimieron.

Para el Sidfe, se trata de un “recorte presupuestal” que tendrá varias consecuencias: “Impactará con desempleo en todos los subsistemas educativos” y afectará “el derecho a estudiar de miles de estudiantes”, ya que “la modalidad semipresencial en algunos cursos fue inicialmente concebida como una forma alternativa de formación, para incluir a estudiantes que por situación familiar o laboral no podían asistir a las aulas”.