La reciente presentación de la Primera Estrategia Nacional dirigida a personas en situación de calle por parte del presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila debería haber sido una señal de esperanza frente a una de las problemáticas sociales más urgentes del país. Sin embargo, lejos de transmitir eficacia o compromiso, el anuncio deja un sabor amargo, marcado por la demora, la desconexión y una preocupante falta de sensibilidad ante una realidad que se agrava día a día.

Según lo informado, la estrategia incluye 42 medidas y es el resultado de unos 40 encuentros realizados en todo el territorio nacional, con la participación de más de 2.000 personas entre técnicos, trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanos afectados. A primera vista, el proceso podría parecer amplio y participativo. Pero la pregunta inevitable es: ¿era necesario un año entero de reuniones, charlas y diagnósticos para llegar a este punto?

En un país donde la cantidad de personas durmiendo en la calle aumenta de forma visible y alarmante, un año no es un plazo técnico: es una eternidad. Es tiempo en el que cientos de uruguayos continuaron expuestos al frío, al hambre, a la violencia y al abandono. Es tiempo en el que el Estado, lejos de actuar con urgencia, pareció sumido en una dinámica burocrática que no se condice con la gravedad de la situación.

La indignación es inevitable. ¡Cuánta desvergüenza! Cuánta falta de respeto hacia quienes viven en condiciones inhumanas. Cuánta desfachatez en presentar como logro un documento que llega tarde y que, según voces de la oposición, adopta un “formato inoperante, irresponsable e infantil”. Más allá de la dureza de esa calificación, lo cierto es que el plan despierta más dudas que certezas.

Porque el problema no es solo el contenido —que aún deberá demostrar su eficacia— sino el contexto en el que se presenta. Mientras las personas en situación de calle siguen creciendo en número y visibilidad, el gobierno parece más enfocado en procesos internos que en soluciones concretas y urgentes. Y lo que es peor, la percepción pública comienza a consolidar una imagen de desconexión entre las prioridades oficiales y las necesidades reales de la población.

La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: ¿realmente le importan al gobierno las personas en situación de calle? No parece ser la mejor forma de demostrarlo cuando, en paralelo, se observan decisiones que generan indignación, como viajes masivos de delegaciones oficiales al exterior o gastos cuestionables en ámbitos administrativos. Estos hechos, más allá de su justificación puntual, contrastan de forma brutal con la precariedad en la que viven miles de ciudadanos.

La sensibilidad no se declama, se ejerce. Y en este caso, lo que debería ser una política de emergencia se ha transformado en un proceso lento, cargado de diagnósticos pero carente de respuestas inmediatas. Mientras tanto, la calle no espera. El invierno no espera. El deterioro humano tampoco.

A esto se suma un elemento político que el propio gobierno no puede ignorar: el creciente rechazo de la opinión pública hacia su gestión. Diversas encuestas recientes reflejan una pérdida de confianza que no es casual, sino consecuencia de decisiones —o de la falta de ellas— que impactan directamente en la vida cotidiana de la gente. La problemática de las personas en situación de calle es, quizás, uno de los ejemplos más visibles de esta desconexión.

En definitiva, la presentación de esta estrategia podría haber sido un punto de inflexión. Pero hoy parece más bien una confirmación de las críticas: un gobierno que llega tarde, que prioriza procesos por sobre resultados y que no logra transmitir la urgencia que la realidad exige.

¿Cuándo llegará el momento en que los hechos hablen más que las palabras? Esa es la pregunta que hoy resuena con fuerza en la sociedad uruguaya. Y, sobre todo, es la pregunta que esperan ver respondida quienes, noche tras noche, siguen durmiendo en la calle.