El 14 de abril de 1972 es una de esas fechas que el Uruguay no puede ni debe olvidar. En medio de un país en crisis, con una democracia debilitada pero aún en pie, la violencia política alcanzó uno de sus puntos más altos cuando grupos armados de extrema izquierda decidieron avanzar con una ofensiva que marcaría un antes y un después en la historia nacional.

Los hechos no ocurrieron de manera aislada. Venían precedidos por una escalada de tensión y por decisiones tomadas en el seno del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Semanas antes, el denominado “Plan Hipólito” había sido concebido como una acción directa contra quienes consideraban enemigos del proceso revolucionario. La fuga de presos del Penal de Punta Carretas, el 12 de abril, y el paro general acompañado de movilizaciones el día 13, configuraron el escenario previo a una ofensiva que ya estaba en marcha.

La mañana del 14 de abril quedó marcada por la sangre

Fueron asesinados el subcomisario Óscar Delega, el agente Carlos Leites, el ex subsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara y el capitán de corbeta Ernesto Motto. Estos hechos no solo golpearon a personas, sino que impactaron directamente en las instituciones de un país que intentaba sostener el orden democrático en medio de la tormenta.

La respuesta del Estado no se hizo esperar

Horas después, operativos policiales desarticularon varias células armadas, en enfrentamientos que también dejaron muertos entre los integrantes del MLN-T y detenciones de figuras relevantes del movimiento. A partir de ese momento, el escenario cambió de forma definitiva.

Existían cuestionamientos

Incluso dentro de la propia organización guerrillera existían cuestionamientos sobre la conveniencia de esa ofensiva. Dirigentes como Eleuterio Fernández Huidobro reconocieron posteriormente que se trató de un error estratégico de graves consecuencias. Otros, como José Mujica o Raúl Sendic, también habían advertido sobre los riesgos de escalar el conflicto a un nivel que el propio movimiento no estaba en condiciones de sostener.

Lo cierto es que el 14 de abril no fue un episodio más.

Representó un quiebre en la convivencia nacional y profundizó un clima de confrontación que terminaría afectando a toda la sociedad. La violencia política, lejos de fortalecer causas, debilitó aún más una institucionalidad ya frágil.

Recordar esta fecha implica reconocer la complejidad de aquel tiempo, pero también asumir que ningún proyecto puede imponerse por la vía de las armas sin poner en riesgo la democracia. A más de medio siglo, la memoria debe servir no para dividir, sino para comprender y evitar que el país vuelva a transitar caminos donde la violencia sustituya al diálogo y las instituciones.