La ley primera que conocemos todos es que no podemos hacer justicia por mano propia. Esta afirmación, que aprendemos desde la infancia, encierra un principio jurídico fundamental, nadie puede adoptar la facultad de castigar por sí mismo. La justicia no es un asunto individual; es un mandato social que debe canalizarse a través de las instituciones del Estado, para garantizar que los conflictos se resuelvan dentro del marco de la legalidad. La justicia por propia mano no solo es ilegal, sino que puede acarrear sanciones penales, salvo en casos muy específicos, como la legítima defensa.

Este principio parte de una premisa simple, existe una institución encargada de velar por el cumplimiento de las normas y de castigar a quienes las violan. El Estado, a través de sus organismos judiciales y policiales, tiene la obligación de hacer sentir el peso de la ley a quienes quebrantan las reglas de convivencia pacífica. La sociedad confía en que la justicia, aunque a veces lenta, será el mecanismo que resuelva conflictos y sancione a los culpables, evitando la anarquía y la venganza individual.

Sin embargo, cuando la justicia no funciona o no es justa, surge la frustración individual como de la sociedad en general y, en algunos casos, la tentación de tomar la ley en nuestras propias manos. En los últimos días, hemos escuchado historias que estremecen, víctimas que han acudido a apelaciones, reaperturas de casos, nuevas pericias, y aún así sienten que la justicia los ha abandonado. En nuestro país, cientos de casos permanecen abiertos o cerrados de manera cuestionable. El sentimiento de impotencia es profundo, porque la ley existe, pero no se aplica.

No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos escalofriantes. En nuestro departamento, casos como el de la niña abusada, por el que hace tres años se espera que la justicia actúe, muestran la desesperante lentitud de los procedimientos. El hecho de que el agresor pueda incluso solicitar visitas es descabellado y refleja un sistema que falla en proteger a los más vulnerables.

Otros casos históricos también ilustran esta fractura entre la ley y la justicia real. Hace 18 años, Charly Ferreira fue hallado muerto al costado de la ruta 31, en Barrio Albisu. La autopsia inicial atribuyó su muerte a un accidente de tránsito, pero el vehículo supuestamente involucrado nunca fue identificado. Su padre, al ver el cuerpo, constató que no había signos de atropellamiento, sino una herida profunda en la nuca, fruto de un golpe brutal. Un caso que permanece en la memoria, como ejemplo de cómo la justicia puede dejar impunes.

Otro ejemplo es el de Nazarena Porto, encontrada sin vida el 2 de enero de 2018 en el kilómetro 506 de la ruta 3, en la cañada Santa Cecilia. A pesar de los años transcurridos, la investigación está a punto de cerrarse sin respuestas claras ni sanciones proporcionales a la gravedad del crimen.

Gonzalo Barboza Sisnádez desaparecido el 28 de noviembre de 2022, desapareció sin dejar rastros, como su propia madre proclama quiero que aparezca vivo o muerto, pero que aparezca.

Estos casos nos llevan a plantear preguntas incómodas, ¿Quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia realmente existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? Los autores de las más feroces violencias y abusos rara vez enfrentan la cárcel. ¿Será porque, en realidad, ellos tienen las llaves de los sistemas que deberían controlarlos?

La ley nos prohíbe la justicia por mano propia, y por una razón, la venganza individual solo genera más violencia. Pero también debemos cuestionar y exigir que los mecanismos de justicia cumplan su propósito. La impunidad, la lentitud procesal y la falta de resultados concretos no solo erosionan la confianza en el Estado, sino que alimentan la sensación de injusticia que, silenciosamente, socava la convivencia pacífica.

No se trata de ignorar la ley, sino de reforzarla. La justicia no puede ser un privilegio de pocos ni un trámite burocrático, debe ser un derecho visible y efectivo para todos. Solo entonces, quizá, la ley primera que conocemos todos deje de ser una aspiración frustrada y se convierta en una realidad que proteja a los inocentes y sancione a los culpables.