La situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios dejó de ser una inquietud de técnicos y especialistas para convertirse en un problema que preocupa a quienes aportan, cobran o simplemente esperan que el sistema funcione. Más allá de los proyectos en discusión, los matices políticos o las opiniones sectoriales, hay algo que no admite debate: la matemática es cruda. En Uruguay, la esperanza de vida supera los 78 años. Cuando un profesional aporta durante 30 o 35 años y luego percibe una jubilación durante 25 o 30 años, las cuentas no cierran, salvo que los aportes sean muchos más o que el sistema esté respaldado por reservas que, hoy, no existen.

La Caja nació en una realidad distinta. Décadas atrás, la expectativa de vida era menor, la relación entre activos y pasivos era más favorable y las dinámicas laborales más previsibles. Hoy vivimos más, trabajamos de formas más diversas y la base de aportantes no crece al ritmo necesario. Además, muchas profesiones enfrentan cambios en su ejercicio, con modalidades de trabajo independientes que dificultan el sostenimiento regular de los aportes.

Este diagnóstico no es exclusivo de la Caja de Profesionales. Buena parte de los sistemas previsionales del mundo enfrenta el mismo dilema. Sin embargo, la diferencia fundamental es que la Caja, por ser un organismo autónomo que no depende de rentas generales, tiene márgenes de maniobra mucho más limitados. Si no ajusta sus parámetros a tiempo, corre riesgo real de insolvencia.

La discusión entonces pasa por cómo reformar y con qué criterios. Aumentar la edad de retiro, ajustar la tasa de aporte, revisar condiciones de pasividad o ampliar la base de cotizantes son opciones válidas desde el punto de vista técnico. También se discute flexibilizar regímenes, introducir incentivos a la permanencia activa y reconfigurar escalas de jubilaciones. Lo que no es viable es sostener un esquema donde se aporta durante tres décadas y se cobra durante otras tres.

Desde el punto de vista jurídico, el sistema previsional es un contrato intergeneracional. Cada generación sostiene a la anterior, confiando en que la siguiente hará lo propio. Cuando esa cadena se rompe, todo el sistema entra en crisis. No se trata de cargar culpas, sino de reconocer que los contratos deben adaptarse cuando las condiciones cambian. Esa adaptación, aunque pueda implicar ajustes dolorosos, es necesaria para la supervivencia del modelo.

Económicamente, sostener jubilaciones prolongadas sin suficientes aportes implica recurrir a reservas, endeudarse o recortar prestaciones. Todas esas salidas tienen consecuencias. Las matemáticas imponen su lógica sin atender a simpatías o lindos discursos.

Además, la Caja es un sistema de aplicación particular. Pretender que las rentas generales, financiadas por impuestos de toda la población, sostengan de forma permanente un régimen cerrado no resulta justo para quienes no integran el colectivo ni reciben iguales beneficios.

Frente a esta realidad, el debate debería centrarse en cómo reformar de la manera más justa posible. Justa para quienes ya aportaron buena parte de su vida laboral, justa para quienes recién comienzan y esperan cobrar el día de mañana, y justa para el conjunto del colectivo profesional que necesita un sistema viable.

La posición responsable es reconocer que las decisiones que se tomen hoy no son una concesión a la coyuntura, sino una inversión en la estabilidad futura. Defender la Caja implica adaptarla a una realidad que cambió y que seguirá cambiando.

Quienes discuten con buena fe pueden y deben discrepar sobre instrumentos y ritmos. Pero lo que no admite discusión es la necesidad de actuar antes de que el problema sea irreversible.

En materia previsional, los plazos son largos pero las consecuencias, cuando llegan, son inmediatas y difíciles de revertir. No actuar a tiempo sería el error más costoso, no solo para los profesionales actuales, sino también para las generaciones que vienen.