Mientras el Mundial se lleva casi todas las miradas, una noticia golpeó fuerte esta semana en Montevideo, la muerte de un adolescente de 16 años en el barrio Borro, en el marco de un operativo policial. Otra vez, desde algunos medios capitalinos, se habló de una zona marcada por la violencia, como si allí no vivieran familias, trabajadores, jubilados, niños y jóvenes que todos los días salen a pelearla.

Quien conoce Casavalle, Borro, la Gruta de Lourdes, Marconi y los Palomares sabe que no todo es delito. Allí viven miles de personas de trabajo. Muchos llegaron desde el interior buscando una oportunidad, una casa, un empleo o un futuro mejor para sus hijos.

Basta pararse a las cinco de la mañana en Aparicio Saravia, entre Burgues y San Martín, o en cualquiera de las paradas siguientes. Los ómnibus salen llenos de trabajadores que van a cumplir horario, a limpiar oficinas, a trabajar en la construcción, en comercios, en fábricas, en hospitales y en tantos otros lugares.

La noticia fue que hubo un allanamiento, que un menor habría salido armado y que un policía disparó. El adolescente murió. Tenía apenas 16 años. No corresponde defender la delincuencia. Si hubo delito, si hubo un arma y si existió peligro para los policías o para los vecinos, eso debe ser investigado por la Justicia. Pero tampoco se puede mirar esta muerte como un hecho aislado, como si un joven de 16 años hubiera aparecido de la nada en una situación de violencia.

Cuando tenía tres años, Uruguay ya había aprobado la ley que reguló el cannabis. Después vino el autocultivo, los clubes cannábicos y la venta en farmacias. El Estado pasó a regular, producir y vender cannabis bajo determinadas condiciones. No se trata de decir que esa ley, por sí sola, explique la muerte de un joven. Sería demasiado simple. Pero sí corresponde discutir qué mensajes recibe una generación que creció viendo que ciertas drogas eran presentadas como algo permitido, regulado o natural por el propio Estado, mientras en los barrios más pobres la droga sigue destruyendo familias, generando dependencia, violencia y exclusión.

Después, cuando ese joven se desvía, cuando cae en una red delictiva o cuando termina vinculado a un arma, el mismo Estado aparece tarde: con patrulleros, operativos, represión y, en el peor de los casos, con una muerte. La responsabilidad puede ser de la familia. Puede ser de las malas juntas. Puede ser de la falta de oportunidades. Puede ser de quien lo llevó por el mal camino. También deberá analizarse la actuación policial y si el disparo estuvo justificado.

En este cuarto de siglo, el Frente Amplio gobernó más de la mitad del tiempo. Se crearon ministerios, programas sociales, oficinas, equipos técnicos y planes que cambiaron de nombre una y otra vez. Sin embargo, los asentamientos siguen creciendo, hay más personas viviendo en la calle, más familias atrapadas por las adicciones y más jóvenes sin rumbo. El Ministerio de Desarrollo Social fue creado para atender emergencias, acompañar a las familias y abrir caminos de inclusión. Han pasado más de veinte años. ¿Cuánto tiempo más se necesita para dejar de analizar y empezar a resolver?

Uruguay se ha convertido muchas veces en el país del diagnóstico. Se culpa a la dictadura, a la crisis de 2002, a la pandemia, a la pobreza heredada y a todo lo que ocurrió antes. Todo eso puede tener parte de verdad, pero no puede ser una excusa eterna para no hacerse cargo. Analizar está bien. Pero analizar sin ejecutar políticas serias termina siendo una forma de mirar para el costado.

La muerte de un adolescente de 16 años en el Borro debería obligarnos a discutir mucho más que un operativo policial. Debería obligarnos a preguntarnos por qué tantos jóvenes llegan a la adolescencia sin estudio, sin trabajo, sin contención y con la droga tan cerca. Porque cuando el Estado no llega con educación, deporte, cultura, trabajo, salud mental y apoyo a las familias, después llega con uniforme, armas y sirenas.

Hay que hacerse cargo. Las responsabilidades políticas existen. Y no se pueden seguir escondiendo detrás de informes, discursos y análisis que nunca cambian la realidad de los barrios.