Nuestra Constitución en su artículo 26 establece: “En ningún caso se permitirá que las cáceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Esta norma está inserta en la Sección II, “Derechos, deberes y garantías”, es una de las normas fundamentales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cualquier interpretación debe realizarse partiendo de ese imperativo constitucional. Pero, además, por su jerarquía debe ser de aplicación directa y no puede admitir vacilaciones.

El Estado desde mucho tiempo atrás ha violado sistemáticamente la Constitución, ha desconocido el derecho que tienen todos los procesados y penados en situación de cárcel a ser tratados dignamente, todos los gobiernos democráticos han fracasado en la instrumentación de un sistema carcelario que se ajuste al mandato constitucional.-

Según información del Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit, Uruguay tiene actualmente 15.000 presos, cifra que lo ubica dentro de los países con mayor tasa de población carcelaria a escala mundial. La cifra es de por sí alarmante, y se agrava si analizamos el rango de edad de los presos, más del 70% son menores de 35 años.

Esta superpoblación carcelaria, además de atentar contra la dignidad humana, provoca indefensión de los propios reclusos y de los familiares que concurren a visitarlos. Existen bandas narco que dominan la penitenciaría, se reiteran los ajusticiamientos y todo ello dentro de un recinto carcelario, es paradójico, ni preso se está seguro en Uruguay.

El sistema político ha sido absolutamente incapaz de encarar el tema de la seguridad en nuestro país, y lo sigue siendo, con el agravante que los narcotraficantes avanzan a pasos agigantados, mientras los partidos políticos debaten desde el Olimpo parlamentario con una irresponsabilidad absoluta.

No alcanza la muerte de cinco reclusos para que se tomen drásticas medidas, el Ministro sigue con su supuesto y fracasado plan, y desde la oposición, Bergara llama a una concertación nacional para tratar el tema, a lo cual se le responde que está aprovechando los tiempos electorales para acordarse de la seguridad.

Mientras esto sucede, los ciudadanos somos rehenes de la ineficiencia política, mandatamos a nuestros representantes para que se ocupen de dirigir los destinos del país, y cuando los escuchamos lo primero que se nos ocurre es que solo en política pueden actuar, en el ámbito privado ya los hubieran echado a la gran mayoría.

Se han olvidado de la Constitución de la República, y los ciudadanos cada vez tienen menos derechos y garantías.-