Con razón criticamos los monopolios públicos cuando generan ineficiencia y trasladan costos al ciudadano. Pero sería incompleto el análisis si no señalamos otra forma de distorsión igualmente dañina: los monopolios privados de hecho, los mercados asegurados por vínculos de poder y las prácticas predatorias que prosperan cuando el Estado omite su deber de neutralidad o interviene de modo funcional a determinados intereses.

En la salud pública el fenómeno es visible. El sistema nacional acumuló un déficit cercano a los 800 millones de dólares el último año, pese a manejar recursos varias veces superiores. Varias instituciones prestadoras operan estructuralmente en pérdida. Sin embargo, dentro del mismo esquema subsidiado, proveedores y actores vinculados obtienen resultados muy favorables. No se cuestiona la legítima actividad privada, sino el diseño institucional que permite socializar riesgos y concentrar ganancias bajo una regulación que el Estado no examina con la severidad necesaria.

En el transporte metropolitano el esquema es similar. Subsidios financiados por productores del interior a través del gasoil, compras aseguradas de boletos, fideicomisos públicos y ventajas regulatorias han consolidado un mercado protegido. En ese contexto, se impulsa el delirante túnel en 18 de Julio, con un costo estimado en mil millones de dólares. No es una mera “obra de infraestructura”: es una decisión política de enorme impacto presupuestal que merece un debate honesto sobre prioridades nacionales.

Donde el contraste se vuelve más evidente es en el fútbol. Durante años, bajo el régimen de derechos exclusivos en manos de Tenfield, el resultado fue claro: clubes pobres y empresarios de televisión ricos. El monopolio privado produjo el mismo efecto que tantas veces se reprocha al monopolio estatal: concentración de beneficios y debilitamiento del sistema que debía sostener. La AUF vio deteriorarse la situación económica de sus instituciones mientras el titular de los derechos consolidaba una posición dominante prácticamente inexpugnable.

Hubo episodios que marcaron esa etapa: reuniones en presidencia con autoridades de la AUF, de Peñarol y de Nacional para exhortar prórrogas contractuales; expedientes administrativos que avanzaban con una celeridad inusual; reclamos tributarios millonarios que se archivaban. Son antecedentes que forman parte de la memoria institucional.

El reciente llamado de la AUF, al dividir los derechos en bloques y promover competencia, permitió pasar de contratos del orden de los 15 millones de dólares anuales a ofertas de 67 millones. Fue una demostración concreta de que la competencia real beneficia al fútbol uruguayo.

Sin embargo, un episodio posterior abre nuevas interrogantes. Antel se asoció sin llamado con una sociedad anónima local para ofertar. Ganó. Luego, la adjudicataria vigente igualó la propuesta y retuvo el contrato. Finalmente, anunció que venderá los derechos a Antel.

A ello se suma una sospecha que no puede soslayarse: que Antel transmita el fútbol en forma gratuita o a precios artificialmente bajos, práctica potencialmente predatoria destinada a eliminar competidores en el mercado audiovisual. Si ello ocurriera, estaríamos ante un uso de recursos públicos para distorsionar la competencia, en asociación con el operador histórico.

La AUF tiene el derecho —y el deber— de preservar la integridad de su proceso licitatorio y de impedir que acuerdos posteriores desnaturalicen la competencia. Ni Antel, ni el Gobierno, ni la Coprodec deben inmiscuirse en decisiones que corresponden a la autonomía de la asociación civil y al respeto estricto de las reglas del mercado.

La cuestión no es ideológica. Es institucional. Cuando se confunden los planos entre empresa pública, poder político y actores privados dominantes, la República se debilita. Sin reglas claras, competencia genuina y estricta neutralidad estatal, el resultado siempre es el mismo: se empobrecen las instituciones y se fortalecen las roscas, de nuevo.