Ya no sorprende. Y eso, quizás sea lo más grave. Que la corrupción se haya vuelto moneda corriente, que se haya vuelto una rutina constante en la vida pública uruguaya, que se deslice semana a semana por los titulares como una molestia pasajera, que da tema para hablar unos días y nada más, sin provocar una reacción real, sin que haya un “escándalo” verdadero, ¿se entiende? Dicho de otra manera: sin consecuencias institucionales de peso, como sería lo esperable.

El caso de Eduardo Viera Magliano, presidente del Instituto Nacional de Colonización, no es un error aislado ni un olvido desafortunado. Es parte de un patrón que se repite con nombres y cargos distintos, pero con una lógica común: quienes deberían ser ejemplo, son los primeros en romper las reglas.

Construir una casa con fondos del Estado en tierras públicas y no cumplir con los requisitos básicos -final de obra, aportes al BPS, documentación técnica- no es un desliz técnico. Es abuso de poder y punto. Es la prueba clara de que en el Uruguay de hoy, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda: los que deben justificar cada peso gastado y los que gozan del privilegio de no tener que rendir cuentas a nadie.

Deberíamos estar todos los uruguayos en la misma vereda. Sin embargo, están en una vereda los que viven preocupados en pagar sus cuentas, porque saben que no cumplir con sus obligaciones es malo para ellos (y para todos) y saben además que el incumplimiento les puede traer malas consecuencias; y en la vereda de enfrente los que no cumplen con nada, ni se preocupan ni se ocupan de ello, porque son intocables. Lamentable.

Viera no es un caso aislado. Cecilia Cairo, Rodrigo Arim, Fernando Pereira. Todos con irregularidades que habrían costado el cargo a cualquier funcionario menor, pero que en estos niveles apenas generan una tibia respuesta mediática y un gran silencio institucional.

Lo que escandaliza ya no es el hecho en sí, sino la falta total de consecuencias. Nadie renuncia. Nadie es removido. Nadie asume responsabilidad. Y el mensaje que se transmite es demoledor: la ética pública es opcional, y la indignación social, descartable.

La corrupción es más que robar. Es torcer el sentido de lo público. Es servirse del Estado, en lugar de servir al Estado. Y cuando eso se naturaliza, cuando eso pasa a ser asumido por la ciudadanía como natural, como normal, ya no hay sistema que se sostenga. Eso es lo grave.

Venimos de un gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, en el que hubo muchísimos casos de corrupción. Hubo ministros cesados, renunciantes, “renunciados”… Hubo también de aquellos que en términos teatrales, hicieron mutis por el foro, o sea, que en términos más populares, se fueron silbando bajito sin que se supiera (o se entendiera) demasiado el porqué… Nombres sobran: Irene Moreira, Pablo Bartol, Germán Cardoso, Luis Alberto Heber…solo por nombrar algunos de los más resonados. Hasta altas “personalidades” terminaron tras las rejas por los delitos más despreciables. Entonces teníamos que cambiar para que empezara a “gobernar la honestidad”, se nos dijo. ¿Faltará mucho para que empiece?

Estimado lector, ¿usted cree en la Justicia? Le cuento que según estudios sociales y estadísticas serias, la amplia mayoría de los uruguayos cree en la Justicia. Y cuando digo “uruguayos”, incluyo obviamente a los ciudadanos de Artigas y de Soriano. Deduzco entonces que también para la mayoría de ellos, es correcta la decisión de la Justicia en las recientes condenas que dispuso (Caram, Dos Santos, Besozzi…); entonces: ¿cómo se entiende que, por otra parte, la mayoría de esos ciudadanos respalden con su voto a los condenados? ¿Acaso, esto no podría interpretarse como naturalización de la corrupción en el sistema político? Seguramente. Y ahí, insistimos, está lo más grave de todo.

¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más serán los intocables?