La intendencia de Montevideo le pedirá al Banco República U$S 58 millones de dólares. El intendente Bergara dijo que encontró mucho desorden en la casa de los montevideanos pero aún así no tiene pensado recortes ni mucho menos motosierra en el gobierno de la capital. Según la Rendición de Cuentas la IMM tiene un déficit en 2024 de U$S 92 millones y trabajan unas 15 mil personas entre contratos tercerizados y presupuestados. El intendente de Cerro Lago Christian Morel está al borde de la cesación de pagos a sus funcionarios. Dijo que hay un exceso de personal y que no tiene seguridad de pagar los sueldos, que sobran más de 500 empleados. La intendencia tiene una deuda de U$S 40 millones. El intendente Soravilla de Artigas ya procedió al despido de 51 funcionarios de la intendencia, pero la interrogante es si no se producirán más en lo inmediato. En Salto están pendientes los casos de 300 contratados por Andrés Lima que estaría decidido fueran cesados por el actual intendente Albisu. Y hay unos cuantos más que podrían seguir el mismo camino. Designaciones directas, cooperativas de trabajo, mono tributistas por doquier. Mucha gente financiada por el Tesoro Central de la Intendencia. Está claro que el problema en todos lados es el exceso de personal. En Salto el intendente militar De Nava entregó la intendencia al democrático Eduardo Malaquina con apenas 600 empleados. Esa cifra aumentó en 40 años, con gestiones de colorados, blancos y frenteamplistas a los 2.000 actuales de la intendencia de Salto.

Solo a cuenta de Lima, por lo pronto hay casi 300 en discusión inmediata y probablemente otros 200 en puerta. Y seguramente una reestructura de la intendencia en general, una puesta a punto de sus funciones y obligaciones, como por ejemplo rediseñar los servicios y modalidades de los mismos, es el caso del Departamento de Obras o la Clínica Municipal, por citar solo algunos ejemplos -hay otros- suma una cifra de eventuales prescindentes o cesados de otras 500 personas, y me quedo corto incluso. Eso implica que las obras estén tercerizadas, que el carnet de Salud y otras cuestiones médicas, las haga el Hospital o el Centro de Salud… y así seguimos.

Para dimensionar lo que estoy diciendo y pensar en números concretos y claros digamos que -en términos general y promediales- cada uno de los 300 funcionarios cuestionados le cuesta a la intendencia de Salto -entre diferentes partidas- alrededor de U$S.2.500 por persona (salario, beneficios, compensaciones, aportes). Esto es la friolera de U$S 730.000 mensuales, alrededor de U$S 9.490.000 al año, con aguinaldo y salario vacacional entre otros. Son U$S 47.450.000 en el quinquenio de gobierno. Redondeando, si habláramos en números redondos, entonces U$S 50 millones en los cinco años es lo que estaría disponible en la caja para inversiones y obras y no para salarios de personal de sobra, solo para premiar amigos o pagar con plata ajena militancia política.

Y en el ejemplo anterior estamos hablando solo de los 300 en boga en la actualidad. Si a ese número le sumáramos la plata gastada de todos los eventuales excedentes que podrían ser el entorno de las 1000 personas (en total), entonces y por regla de tres, la friolera sería de U$S 162.500.000. Estaríamos hablando de U$S 32.500.000 por año. Es plata que la intendencia recauda y posee y que, en vez de pagar salarios y costos fijos, tendría suficiente disponible para inversiones y obras, calles y avenidas, equipamiento urbano, iluminación y saneamiento total, incluso para bajar impuestos y eliminar tasas.

Desde luego que estos 300 más 200 que estarían en discusión en breve no hay más remedio que cesarlos, no se trata de revisar caso por caso, sino echarlos a todos y si, pagarán justos por pecadores… tienen el común denominador que fueron designados a dedo por Lima... Los otros 500 dependerá de la reestructura realizada, reforma, recortes, motosierra y la acción de la generación sub-40 en funciones, que tiene el conocimiento de las estructuras funcionales y modernas, la capacidad logística, el dominio tecnológico, el espíritu y la voluntad reformista.