La ética pública no es un concepto abstracto ni un adorno retórico que se exhibe en los discursos de asunción; es una conducta cotidiana, un ejercicio de transparencia y, sobre todo, una responsabilidad ineludible para quien ostenta la primera magistratura de la nación. Lamentablemente, las recientes revelaciones sobre la situación fiscal y catastral de los inmuebles del presidente Yamandú Orsi en Pine Park nos enfrentan a una realidad decepcionante. No se trata solo de números, ni de tecnicismos burocráticos; se trata de la coherencia exigible a quien lidera los destinos del país.

Resulta difícil digerir que, en un gobierno que pregona la importancia de la educación como pilar fundamental, el presidente de la República descuide sus obligaciones tributarias básicas con el Impuesto de Primaria. La excusa, vertida por su entorno, de que la deuda se canceló inmediatamente tras la consulta periodística, lejos de atenuar la falta, la subraya con trazo grueso. ¿Es necesaria la intervención de la prensa para que el primer mandatario se percate de que adeuda impuestos a la educación pública? La rapidez del pago, motivada por la exposición pública, confirma que el incumplimiento no obedecía a un olvido, sino a una desidia inaceptable. Como se suele decir en tren jocoso, ¡otra vez la pelota en la casa de la vecina!, pero en este caso, la vecina es el Estado y la pelota es una obligación ciudadana que el presidente debería ejemplificar.

No termina allí la perplejidad. La investigación pone sobre la mesa irregularidades en la actualización catastral de su vivienda principal, donde existen construcciones —como una piscina y ampliaciones— que no figuran en los registros oficiales. Es curioso observar cómo el entorno presidencial intenta minimizar el hecho alegando que las obras fueron declaradas ante el Banco de Previsión Social. Como bien han señalado técnicos en la materia, la regularización ante el BPS, que solo acredita que la mano de obra no fue informal, nada tiene que ver con la obligación de declarar metros cuadrados ante Catastro. La distinción es técnica, pero la implicancia es política: la arquitectura de una evasión tributaria, por pequeña que sea, se sustenta en el incumplimiento de planos y registros exigidos a cualquier ciudadano común que, a diferencia del presidente, no goza de las mismas facilidades para ignorar la norma.

La vieja máxima, siempre vigente, nos recuerda que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. En el caso del presidente Orsi, la ciudadanía asiste, atónita, a una conducta que ni lo es ni lo parece. Cuando un mandatario omite declarar la realidad edilicia de su hogar y desatiende sus compromisos con el erario, socava la confianza en las instituciones. Si desde la cúspide del poder se normaliza la falta de transparencia en los asuntos domésticos —aquellos mismos que cualquier vecino debe cumplir bajo pena de multas y sanciones—, ¿con qué autoridad moral se puede interpelar al resto de la sociedad?

Este episodio no es un simple detalle administrativo, como se pretende hacer creer desde el oficialismo. Es una ventana abierta hacia una forma de ejercer el poder que desestima el rigor que exige el cargo. Mientras el presidente se encuentra enredado en explicaciones técnicas sobre por qué no pagó Primaria o por qué sus planos no coinciden con la realidad satelital, lo que queda en evidencia es una preocupante falta de sentido de la oportunidad y de responsabilidad cívica. ¡Qué mal ejemplo da el presidente de la República! El país merece coherencia, no excusas de último momento ni regularizaciones al ritmo de las investigaciones periodísticas. La ejemplaridad no admite atajos.