El PIT-CNT resolvió realizar el próximo 11 de agosto un paro general parcial, entre las 9:00 y las 13:00, acompañado por una marcha desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo. Entre sus reclamos vuelve a colocar en primer plano la transformación del sistema previsional y el papel de las AFAP. La medida es legítima como expresión sindical; lo profundamente cuestionable es la pretensión política que la sostiene.

En octubre de 2024, los uruguayos fueron convocados a pronunciarse sobre una reforma constitucional promovida por el propio PIT-CNT. La central recolectó cientos de miles de firmas, desplegó su estructura durante meses y consiguió habilitar un mecanismo de democracia directa. La ciudadanía tuvo entonces la palabra. El proyecto proponía, entre otras modificaciones, eliminar las AFAP. No alcanzó la mayoría exigida: obtuvo alrededor del 39% de los votos. El pueblo dijo que no.

Ese pronunciamiento debería haber cerrado la discusión en los términos planteados. En una república, las consultas populares no son ejercicios decorativos ni encuestas cuya respuesta pueda desconocerse cuando resulta inconveniente. Quien convoca al soberano tiene la obligación democrática de respetar su veredicto.

Sin embargo, el gobierno de Yamandú Orsi impulsó después de asumido el denominado Diálogo Social, presentado como un ámbito amplio para revisar la seguridad social. Perdónenme el término, una gran manganeta. Los partidos Nacional, Colorado e Independiente decidieron no participar, cuestionando su formato, sus garantías y la posibilidad de que se reabrieran asuntos recientemente laudados por la ciudadanía. El desenlace confirmó buena parte de esas reservas: reaparecieron propuestas destinadas a alterar sustancialmente el régimen de ahorro individual.

Una de ellas pretendía separar a las AFAP de la administración directa de las cuentas de sus afiliados y trasladar esa función a un organismo público. La iniciativa habría quebrado el vínculo entre las administradoras y sus clientes, agregado una nueva capa burocrática y creado dudas razonables sobre costos, responsabilidades y eficiencia. El Poder Ejecutivo finalmente resolvió no avanzar por ese camino y mantener la gestión en administradoras profesionales, públicas y privadas.

La reacción del PIT-CNT revela una preocupante concepción de la democracia: si las urnas rechazan su propuesta, se procura reconstruirla en una mesa; si el gobierno tampoco acepta una de sus recomendaciones, se responde con paro y movilización. Así, el diálogo deja de ser intercambio y pasa a entenderse como obligación de obedecer. Se muestran desnudos como lo que son, antidemocráticos del primero al último.

El movimiento sindical tiene pleno derecho a reclamar, protestar y defender sus ideas. Lo que no tiene es un derecho superior al de la ciudadanía ni potestad para convertir sus resoluciones internas en mandatos nacionales. Ninguna central sindical, partido, corporación empresarial o grupo de presión puede colocarse por encima del voto popular.

Defender la República exige marcar ese límite con claridad. Las mayorías pueden equivocarse, pero gobiernan dentro de la Constitución. Las minorías pueden insistir, pero deben hacerlo respetando los procedimientos y los pronunciamientos ciudadanos. El voto no puede valer solamente cuando favorece a quienes lo promovieron. Desconocerlo, rodearlo o intentar neutralizarlo constituye una peligrosa erosión institucional, lamentablemente, muy de ultra izquierda.

Uruguay debe preservar aquello que lo distingue: reglas firmes, soberanía popular y respeto irrestricto por la decisión de sus ciudadanos por encima de toda presión corporativa.