Vivimos en un tiempo extraño. Un tiempo en el que —según parece— todo debe ser políticamente correcto. Un tiempo donde hay frases que no se pueden pronunciar, hechos que no se pueden señalar y verdades históricas que deben maquillarse para evitar que algunos se enojen. La corrección política se ha convertido, en muchos ámbitos públicos, en una especie de corsé que limita el debate y condiciona lo que puede decirse en voz alta. Y cuando esa lógica entra a las instituciones, el problema deja de ser anecdótico para transformarse en un obstáculo serio para la convivencia democrática. El pasado 25 de noviembre, la Junta Departamental de Salto realizó una sesión extraordinaria con el propósito de conmemorar los 40 años del retorno a la democracia en Uruguay. Una instancia que debería prestarse naturalmente a la reflexión profunda, al análisis honesto de lo ocurrido y a la reafirmación del compromiso institucional con la verdad histórica. Sin embargo, lo que se vio en sala fue otra cosa.