En el puerto de Montevideo se desarrolla un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. Podría parecer un asunto lejano para quien produce naranjas en Salto, carne en Tacuarembó o madera en Rivera. Sin embargo, el paro es en Montevideo, pero la factura se reparte por todo el país. El convenio colectivo de los 550 trabajadores de Terminal Cuenca del Plata venció el 27 de abril. Desde entonces, la empresa y el sindicato negocian un nuevo acuerdo. El principal reclamo sindical ha sido llevar de 13 a 25 los jornales mensuales garantizados para toda la plantilla, exista o no trabajo suficiente.

El sindicato pretende justificar sus medidas alegando que quienes cuentan con pocos jornales asegurados deben permanecer disponibles durante todo el mes, sin saber con certeza cuándo serán convocados. Pero ese planteo no puede servir de excusa para paralizar la principal terminal de contenedores del país, poner en jaque la producción nacional y trasladar las pérdidas a exportadores, productores, transportistas y trabajadores ajenos al conflicto. Una reivindicación sectorial no habilita a utilizar como rehén a todo el país ni a imponerle costos millonarios a la sociedad.

Durante la negociación también se reclamó reducir la jornada de ocho a seis horas sin pérdida salarial, planteo que después quedó de lado. La empresa, por su parte, mejoró su propuesta sobre los jornales, ofreció aumentar el valor hora de los gruístas y aceptó revisar otros puntos. El propio sindicato reconoció que hubo avances, aunque los consideró insuficientes.

En lo que va de 2026 se acumularon más de 40 días de interrupciones en la principal terminal de contenedores del país. Según estimaciones de la Unión de Exportadores y la Intergremial de Transporte, solamente el transporte pierde unos 500.000 dólares por cada día de paralización. Eso daría cerca de ¡20 millones de dólares!, sin contar el perjuicio a exportadores, productores, importadores y trabajadores de otras empresas.

Pero los números no muestran todo. Una naranja cosechada en Salto tiene que llegar en tiempo y forma al comprador extranjero. La carne que sale de un frigorífico necesita mantener su cadena de frío. Cuando un contenedor pierde el buque, no siempre alcanza con embarcarlo unos días después. Puede perderse una venta, incumplirse un contrato o embromarse la mercadería.

También quedan camiones parados, aumentan gastos de almacenamiento, aumentan los costos eléctricos de los contenedores refrigerados y algunas cargas tienen que desviarse hacia otros puertos. Si las navieras dejan de considerar confiable a Montevideo, el daño puede seguir mucho después de levantado el paro.

Y como decía Landriscina… ¿Quién va a pagar todo eso? Lo paga primero el exportador, pero difícilmente termine ahí. Parte del costo se traslada al productor mediante un menor precio; otra parte, al consumidor mediante precios más altos. El transportista pierde viajes, otros trabajadores pierden jornales y el país pierde competitividad, clientes y puestos de trabajo. La actividad sindical nació para defender trabajadores. Cuesta aceptar que esa finalidad justifique paralizar la principal salida comercial del país para fortalecer el reclamo de un grupo reducido, especialmente cuando la empresa ha realizado concesiones y todavía existe una mesa de negociación abierta.

La poca disposición a encontrar un punto intermedio termina debilitando incluso la legitimidad del reclamo. Negociar no significa conseguir todo lo que se pide. Significa reconocer razones en la otra parte, ceder y alcanzar una solución posible.

Frente a la reiteración de las medidas, el gobierno dispuso servicios mínimos para mantener una operativa básica y atender especialmente las cargas refrigeradas y perecederas.

Lo que es importante entender es que este no es un conflicto entre una empresa y 550 trabajadores. Es un conflicto cuyos costos recaen sobre millones de uruguayos.

El paro se decide y hace en Montevideo, pero la naranja queda en Salto, la carne en el frigorífico y el camión parado en la ruta. El derecho a reclamar merece protección, sí, pero el derecho de todo un país a trabajar también.