En nuestro país, y en el mundo, ciertas situaciones se repiten siempre del mismo modo: comienzan como un movimiento insignificante y crecen con el paso lento del tiempo, en silencio, casi imperceptibles, pero a la vista de todos. Como son hechos individuales o de escasa entidad, se los tolera pese a su ilegalidad y a que colisionan con los derechos de los demás; que inicialmente son muy pocos vecinos. Con el tiempo esa misma situación se vuelve un problema social y la consecuencia, paradójicamente, es la misma: ahora se la tolera porque es un problema social, cuyas causas están en la sociedad, en la educación, en los gobiernos anteriores. Todo ello le tiende un manto de impunidad.

Así ocurrió con los ciudadanos en situación de calle, con los vendedores ambulantes que ocuparon el espacio público y con el contrabando «hormiga»; así ocurre hoy con la delincuencia y el narcotráfico, que existían pero eran propios de los barrios marginales, con crímenes por venganza o por territorio muy escasos. Por eso no se actuó. Hoy la criminalidad ocupa sectores clave de nuestra economía: puertos y aeropuertos son utilizados con total impunidad y la droga sale a diario por nuestras principales fronteras. Hubo casos paradigmáticos: en Carrasco las cámaras no funcionaron justo cuando pasaba la droga; en el puerto «se rompen» los escáneres; en las cárceles los criminales más famosos se reunían en encuentros pactados con la policía.

Morabito y González Valencia estaban siendo asistidos, con toda evidencia, por quienes debían controlarlos. En la Cancillería se investiga la facilitación del pasaporte a Marset. En el Poder Judicial, algunos narcotraficantes recibieron prisión domiciliaria: Alef García, brasileño vinculado al Primer Comando de la Capital, se fugó de madrugada de una casa de San Carlos. A un delincuente de ese peso le corresponde una restricción absoluta: la domiciliaria facilitó su fuga.

En suma, la estructura del Estado está siendo utilizada en beneficio de la peor y más temible de las delincuencias. Los controles se desbordaron —unos facilitan, otros carecen de medios y otros callan por miedo a las represalias— y los gobernantes no se deciden a enfrentarla.
Hay un estado de conmoción interna que no queremos reconocer. El sistema se rompió: tenemos 17.000 presos en cárceles que son el propio infierno. El delincuente, al recuperar la libertad, no tiene dinero para volver a su casa ni con qué comer, y tampoco trabajo. ¿Qué opción le queda que no sea volver a delinquir? Si cada preso cuesta mil dólares por mes y la cárcel solo sirve para atormentarlo, reeducarlo en el crimen y devolverlo a la calle más pobre y más peligroso, todo el sistema falló.

Y aquí aparece el peligro que nadie quiere nombrar. El narcotráfico no busca solo un negocio: busca un puerto, un expediente, un policía, un político. Cada vez que una irregularidad se tolera porque es «pequeña», y cada delito se explica porque es «social», el crimen avanza un casillero dentro del Estado. Primero compra un servicio, después una decisión y al final la impunidad. Cuando ese proceso se completa, el Estado deja de controlar y pasa a ser controlado.

Ninguna sociedad recibe aviso el día en que cruza esa frontera. Se entera después: cuando el comerciante paga para abrir, cuando el vecino sabe a qué hora no debe salir, el testigo calla y el periodista mide cada palabra. No hace falta ir lejos para verlo: en nuestra región hay países que ya negocian con el crimen porque no pueden vencerlo.

Uruguay todavía está a tiempo, pero el tiempo se agota y no avisa. Si seguimos tolerando lo pequeño porque es pequeño y lo grande porque es social, el día en que despertemos los muros no estarán alrededor de las cárceles, sino alrededor de nosotros. Y no será el delincuente el que esté preso: será la sociedad entera la prisionera.