Resulta vergonzoso no hay otra palabra que en pleno siglo XXI, en un país que se valora de apostar por la educación y la descentralización, el gobierno decida recortar grupos en un centro de formación docente tan importante como el CERP del Litoral, en Salto. Un edificio donde se forman los futuros profesores de la región norte, donde acuden estudiantes no solo de la ciudad sino también de departamentos como Artigas, Paysandú, Rivera y Tacuarembó. Sin embargo, por la falta de presupuesto destinado al interior, se cierran 26 grupos presenciales de profesorado, 6 de maestro técnico, 5 grupos semipresenciales de primer año y 2 sujetos a inscripción, totalizando 37 grupos eliminados.

El Centro Regional de Profesores del Litoral Sede Salto es una institución educativa de nivel superior que, desde 1997, viene formando profesores de enseñanza media. Su creación obedeció a la necesidad de contar con docentes formados en el interior del país, particularmente en la región litoral de Uruguay, donde en el momento de su fundación solo el 19% contaba con título habilitante. Con un plantel docente calificado y más de 700 estudiantes provenientes de los departamentos de Artigas, Río Negro, Paysandú, Salto, Soriano y Tacuarembó, se imparten carreras de Profesor de Enseñanza Media en especialidades como Geografía, Historia, Sociología, Derecho, Física, Química, Biología, Literatura, Idioma Español, Inglés, Comunicación Visual, Filosofía, Matemática y Educación Musical con una duración de la carrera de cuatro años, con carácter terciario.

Ocho mil horas que desaparecen del calendario académico, del empleo docente y de las oportunidades de formación de cientos de jóvenes. Es comprensible, entonces, que el sindicato de docentes del CERP del Litoral haya calificado esta medida como una puñalada trapera.

El Consejo de Formación en Educación ha decidido reducir drásticamente la cantidad de grupos y cursos para el año próximo. En la práctica, esto implica que decenas de docentes quedarán con horas reducidas o directamente sin trabajo, y cientos de estudiantes no podrán comenzar o continuar su formación. Todo ello en un contexto donde el propio gobierno proclama la importancia de la profesionalización docente y el impulso del carácter universitario de la formación en educación. Las palabras y los hechos, como suele ocurrir, corren por caminos opuestos.

Más grave aún es el mensaje implícito que deja esta medida, que la formación de calidad solo puede darse en Montevideo o en grandes centros urbanos. Que los jóvenes del interior deben resignarse a estudiar a distancia, con mínima interacción presencial, o a abandonar sus sueños ante la imposibilidad económica de trasladarse a la capital. Porque no nos engañemos, viajar de Artigas a Salto es posible; mudarse a Montevideo, no. Los costos, las distancias y la falta de recursos lo hacen inviable para la mayoría de las familias del norte del país.

Sin lugar a dudas que convertir esa experiencia en un modelo semipresencial es un retroceso en la democratización de la educación. La educación no se construye solo con plataformas digitales ni con encuentros esporádicos, se nutre del diálogo cotidiano, del intercambio humano, del vínculo entre estudiantes y docentes.

Además, ¿qué pasará con los docentes afectados? Muchos de ellos llevan años comprometidos con la enseñanza en la región, construyendo la formación de generaciones enteras. ¿Dónde serán reubicados? ¿Hay lugar en secundaria para todos? ¿O se verán obligados a abandonar la docencia por falta de horas? Este recorte no solo atenta contra la educación de los estudiantes, sino también contra la estabilidad laboral y emocional de los propios educadores.

Si el objetivo es fortalecer la educación, este no es el camino. No se fortalece un sistema eliminando grupos, precarizando el trabajo docente ni empujando a los estudiantes a abandonar sus estudios. Lo que el CERP del Litoral necesita es apoyo, inversión y reconocimiento, no tijeras presupuestales.

Este recorte no es un hecho administrativo; es una decisión política con consecuencias sociales. Una decisión que revela la desigualdad territorial y la falta de visión sobre lo que implica formar docentes en todo el país.