La seguridad en Uruguay está colapsando a un ritmo vertiginoso. No surgen ideas claras sobre cómo enfrentar la delincuencia, especialmente el narcotráfico. A esta altura resulta osado, pero necesario, preguntarse si realmente el sistema político quiere eliminar de raíz al narcotráfico.
El narcotráfico se ha insertado en la sociedad y opera a cara descubierta. Se dijo que grandes capitales de dinero “non santo” operaban a través de Conexión Ganadera; que ello llevó al suicidio de Gustavo Basso; y que, finalmente, muchos acreedores no se presentaron porque no pudieron justificar el origen de los fondos.

Sumado a este hecho puntual, podemos corroborar nuestra hipótesis mencionando otros sucesos sospechosos, tales como los casos de González Valencia y Morabito. No tienen justificación ni las reuniones entre ambos capos mafiosos, coordinadas a través de altas autoridades del Ministerio del Interior, ni la fuga de Morabito. Como broche final, podemos mencionar el caso Marset. Como decía el personaje cómico interpretado por Almada: “¿Usted no desconfiaría?”. Yo sí.

Ante toda esta “ineficiencia” o complicidad, surgen ideas desde el Parlamento que luego no se materializan por criterios absurdos. Cuando se plantea que el Ejército combata el narcotráfico, se argumenta que podría corromperse, que está preparado para la guerra y no para la seguridad interna, etcétera. Todo ello resulta absurdo. El Ejército puede corromperse cuidando fronteras o cárceles, como ya lo hace actualmente, y en cuanto al supuesto exceso en el nivel de represión, también es un argumento falaz: cualquier banda criminal tiene hoy más poder de fuego que nuestros soldados.

En medio de esta inercia, los barrios están sitiados. El Estado abandonó al arbitrio del narcotráfico el control de determinadas zonas y, para combatirlo, recurre a mediadores entre el Estado y los delincuentes. Todo ello ha fracasado.

La respuesta para dar tranquilidad a los uruguayos que viven en esos lugares sitiados es enviar a la Republicana y otros grupos de choque. Cuando están todos presentes, aparece el Ministro, llegan los periodistas, se toman fotos y se filman videos mostrando que volvió la paz. Pero cuando los flashes se apagan, todo vuelve a su “normalidad”: transas y crímenes.

Yo me pregunto: ¿por qué no utilizar los relevos de los cascos azules para el control y la disuasión en esos barrios?
Uruguay mantiene actualmente alrededor de 900 a 1.000 efectivos desplegados en misiones internacionales de paz bajo mandato de la ONU. Los contingentes uruguayos normalmente permanecen entre seis y doce meses desplegados, siendo posteriormente relevados por nuevos grupos entrenados en Uruguay.

Sus cometidos son proteger a civiles frente a ataques, violencia étnica, terrorismo o grupos armados; colaborar en tareas de desarme y desmovilización; y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Si analizamos lo que necesitan esos barrios, podemos afirmar que las funciones que desarrollan los cascos azules en el exterior son plenamente aplicables en nuestro territorio.
El relevo de cascos azules debería ser destinado a estos barrios bajo la supervisión del Ministerio de Defensa. Basta de argumentos, basta de fotos y videos: se necesita acción. Ningún uruguayo debe vivir bajo el terror impuesto por narcotraficantes. Las herramientas existen. ¿Por qué no se usan? ¿O es que no se quieren usar?

Porque mientras el Estado continúa discutiendo excusas y administrando la inacción, miles de ciudadanos viven atrapados entre el miedo y el abandono, contemplando con impotencia cómo la delincuencia ocupa los espacios que el propio Estado decidió dejar vacíos.