A más de 10 años de los hechos, la Suprema Corte resolvió sancionar a dos Defensoras Públicas de Salto. LA PRENSA entrevistó a una de las involucradas, Dra. Lorena Suarez, quien recordó algunos aspectos del caso y reflexionó sobre la reciente decisión de la Justicia.

Los hechos detrás de la causa

En 2013, una mujer con severos problemas psiquiátricos vivió un episodio que marcó su vida y la del sistema judicial uruguayo. La mujer, embarazada, dio a luz de forma inesperada en su hogar. En estado de confusión, expulsó al bebé al inodoro, donde falleció. La tragedia culminó en la imputación del delito de homicidio especialmente agravado, con una posible condena de entre 10 y 24 años de prisión. Sin embargo, la defensa demostró que la mujer sufría una patología psiquiátrica grave. Esto permitió que el proceso considerara su situación médica, optándose por una medida sin prisión: un tratamiento ambulatorio bajo la supervisión de especialistas. El caso siguió su curso legal con múltiples defensoras públicas asumiendo el rol de representación a lo largo de los años. Entre ellas, la Dra. Lorena Suárez, quien asumió en 2017. En este período, se evidenció un error en la terminología empleada en una resolución judicial: la medida fue denominada como "curativa" en lugar de "provisional", lo que desató un proceso administrativo contra Suárez y otra colega. En una entrevista exclusiva con La Prensa, la defensora de oficio de Salto, Dra. Lorena Suárez, detalló los antecedentes del caso y compartió su perspectiva sobre la sanción que recibió, subrayando la importancia de la independencia técnica en la defensa pública.

Sanciones y cuestionamientos

La Suprema Corte resolvió sancionar a ambas defensoras públicas. En el caso de Suárez, la falta señalada fue la omisión de ciertos escritos sobre el cumplimiento del tratamiento por parte de la acusada. Según explicó Suárez, esta decisión cuestiona su independencia técnica como defensora, ya que no se generó daño alguno a la persona representada ni al proceso judicial. “La medida impuesta fue la menos gravosa posible, sin prisión, respetando los derechos de la persona defendida. Lo que se nos señala como falta es un error semántico y una valoración de nuestra metodología de trabajo”, explicó. El impacto de la sanción, aunque leve económicamente, afecta el historial profesional de Suárez, quien destacó que estas decisiones tienen consecuencias desproporcionadas. “Somos defensoras públicas, pero enfrentamos sanciones que los abogados particulares no recibirían por casos similares. Esto viola nuestra independencia técnica y visibiliza los desafíos de nuestra profesión”, agregó.

El respaldo de la Asociación de Defensores de Oficio

La Asociación de Defensores de Oficio ha jugado un rol fundamental en la visibilización de este caso. A través de comunicados públicos, la asociación denunció que las sanciones representan un retroceso para la defensa pública en Uruguay, resaltando que de ser un servicio autónomo, estas situaciones no ocurrirían. “Si fuéramos un servicio descentralizado, como la fiscalía, tendríamos mayor independencia para ejercer nuestra labor. Pero al depender del Poder Judicial, enfrentamos estas limitaciones”, destacó Suárez.

Un problema de fondo

El caso también pone en evidencia inconsistencias dentro del sistema judicial. Mientras que las defensoras públicas fueron sancionadas, los jueces que actuaron en el proceso no enfrentaron penalizaciones. “Es difícil entender por qué a los jueces no se les imponen sanciones cuando toman decisiones similares. Esto genera una percepción de desigualdad y desprotección en nuestro trabajo”, subrayó.

Optimismo en la apelación

A pesar de la adversidad, la Dra. Suárez se mantiene optimista respecto a revertir el fallo. Con el apoyo de la Asociación de Defensores de Oficio y un abogado particular, espera apelar la decisión una vez concluido el receso judicial. “La sanción no solo mancha mi historial, sino que afecta nuestra capacidad de trabajar con la independencia que la defensoría pública exige. Nuestro rol es garantizar el mejor resultado para nuestros representados, y este caso es un ejemplo de ello. No podemos permitir que decisiones administrativas interfieran en ese objetivo”, afirmó.