Las recientes decisiones del gobierno en materia tarifaria y de aportes al sistema de salud han abierto un nuevo frente de debate político y social. Para el contador Marcelo Alario, dirigente de la Lista 330, las medidas anunciadas no solo profundizan inequidades históricas, sino que vuelven a cargar el peso del ajuste sobre sectores que ya se encuentran exigidos: el interior del país y la clase media trabajadora.

Tarifas públicas: aumentos uniformes, realidades distintas

A partir de enero de 2026 entrarán en vigencia nuevos incrementos en las tarifas de las empresas públicas, con subas del 4 % en UTE, 8,5 % en OSE y 3,5 % en Antel. Desde el gobierno se sostiene que estos ajustes responden a la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas y asegurar la sostenibilidad de los servicios. Sin embargo, Alario advierte que la aplicación lineal de estos aumentos desconoce las profundas diferencias territoriales del país. En particular, señala la situación del norte del río Negro, donde las olas de calor extremo obligan a un consumo energético muy superior al promedio nacional. “En estas zonas, el uso de ventiladores y aires acondicionados no es un lujo, sino una necesidad básica”, sostiene.

Subsidios regionales y consumo energético

Desde su perspectiva, la ausencia de políticas diferenciales vuelve a dejar en desventaja al interior. Alario plantea que una subvención temporal en la tarifa eléctrica para el norte del país, aunque sea durante los meses de mayor demanda, permitiría aliviar la economía de miles de hogares. Además, argumenta que una reducción significativa en la tarifa de UTE podría generar un efecto positivo en cadena: facilitar el acceso a equipos de climatización, dinamizar el comercio local y aumentar la recaudación estatal a través del IVA y de mayores niveles de actividad económica.

Fonasa: un cambio que afecta a miles de trabajadores

El segundo eje de cuestionamiento se centra en la modificación del régimen de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El nuevo decreto impulsado por el gobierno cambia los criterios para calcular el tope anual de aportes, lo que provocará que más de 74.000 trabajadores dejen de recibir la devolución que actualmente perciben a partir de 2027. Actualmente, unas 155.000 personas reciben devolución del Fonasa. Con la nueva normativa, una parte importante de ellas pasará a aportar más sin recuperar el excedente. El argumento oficial se apoya en el aumento de la esperanza de vida y en la necesidad de ajustar el sistema para garantizar su viabilidad a largo plazo.

“Se castiga a la clase media”, advierte Alario

Para Marcelo Alario, este cambio impacta de lleno en la clase media trabajadora. Según sostiene, no se trata de un ajuste dirigido a los sectores de mayores ingresos, sino a quienes sostienen el sistema con su trabajo formal. En ese sentido, considera que la medida contradice el discurso de un gobierno que afirma estar cerca de la gente. Desde su óptica, el resultado es un debilitamiento progresivo de la clase media, que ya enfrenta un escenario marcado por el aumento del costo de vida, las tarifas en alza y una mayor presión contributiva.

Un mismo denominador común

Aunque se trate de políticas distintas, Alario entiende que ambas decisiones comparten un mismo enfoque: ajustes generales aplicados sobre realidades desiguales. Tanto en el caso de las tarifas públicas como en el del Fonasa, el interior del país y los trabajadores de ingresos medios aparecen, una vez más, como los principales afectados. El dirigente sostiene que el debate de fondo no es solo económico, sino también político y social: definir si el país avanzará hacia medidas que contemplen las particularidades regionales y el esfuerzo real de quienes trabajan, o si continuará aplicando correcciones que terminan profundizando las brechas existentes.